Prisión preventiva para los integrantes de “La banda del gordo Mandinga”
“Nos ponían clavos en el camino y nos apuntaban con escopetas”. El testimonio de un peón rural sintetiza el nivel de violencia que ejercía la banda del Gordo Mandinga. El grupo operó entre julio de 2021 y abril de 2025, en zonas alejadas y de difícil acceso.
Elena Amigoren era la jefa de la organización. Supervisaba campos con largavistas, definía los movimientos y ordenaba acciones concretas a su círculo de confianza. No actuaba sola. La banda incluía a su pareja, su hijo y su cuñado, todos activos en cada maniobra.
Juan José “Chique” Tolosa, Juan José “Kini” Tolosa y Luciano “Gordo Mandinga” Tolosa fueron señalados como ejecutores materiales. Ingresaban de noche a los campos, elegían animales y los arreaban hasta un predio propio. Allí los ocultaban y los faenaban sin control sanitario.
El campo “Los Dos Hermanos” era el centro de operaciones. En ese lugar improvisaban potreros provisorios para retener el ganado robado. También colocaban cercos con ramas y alambre, muchas veces sobre terrenos ajenos. Nadie se animaba a enfrentarlos por miedo a represalias.
Los métodos de intimidación eran sistemáticos. Colocaban clavos en caminos de tierra, cerraban tranqueras con candados y vigilaban a los peones. Si detectaban que alguien había hablado con la policía, volvían de noche. Golpeaban, amenazaban y dejaban mensajes en los galpones.
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“Sabían todo lo que hacíamos, como si tuvieran espías”, afirmó otro trabajador rural. La banda hacía tareas de inteligencia sobre movimientos policiales. Evitaban operativos, cambiaban de zona o escondían animales antes de que la patrulla llegue. Esa logística alimentó la impunidad.
La audiencia judicial se realizó en el sexto piso de Tribunales en Trelew. Fue este lunes y estuvo cargada de tensión. Participaron la fiscal Mariana Millapi y el funcionario Rubén Kholer. El juez Marcos Nápoli decidió dictar la prisión preventiva por seis meses.
El Ministerio Público Fiscal presentó una acusación detallada. Señaló a la organización como una asociación ilícita con roles definidos. Enumeró los delitos: abigeato agravado, amenazas, daño, encubrimiento, usurpación y tenencia ilegal de armas. “No es una banda improvisada”, sostuvo la fiscalía.
Las pruebas incluyeron fotografías, chats, testimonios y registros policiales. La jefa Amigoren aparecía en imágenes con largavistas y un arma. Su hijo, el Gordo Mandinga, fue captado por cámaras cuando arreaba ovejas hacia el campo donde luego se hallaron restos de animales faenados.
Elena Amigoren enfrenta cargos como jefa de asociación ilícita. También la acusan por amenazas, daño a la propiedad y tenencia ilegal de armas. Su rol organizador quedó demostrado con pruebas directas. Fue quien ordenó cada paso y actuó con control total.
Juan José “Chique” Tolosa fue acusado de participar activamente. Encubría delitos, transportaba animales y amenazaba a peones. Según la fiscalía, su función era clave en la logística. Hacía tareas de vigilancia y bloqueaba accesos para evitar denuncias o controles.
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Luciano Tolosa, alias “Gordo Mandinga”, tenía un rol violento. Entraba a campos con escopeta, amenazaba a trabajadores y obligaba a entregar animales. Junto a “Kini” Tolosa ejecutaban el robo directo. “A veces volvían a buscar más animales en la misma semana”, relató un testigo.
La banda utilizaba conocimientos previos del territorio. Conocían caminos alternativos, sabían cuáles eran los campos sin ocupantes y actuaban con rapidez. Usaban vehículos sin patente, muchas veces con luces apagadas. Cada operativo era calculado.
No solo robaban ganado. También destruían instalaciones. Dañaban molinos, rompían alambrados y dejaban potreros abiertos para confundir. Esa violencia sistemática buscaba desmoralizar a los productores y evitar denuncias. En muchas zonas, lograron imponer silencio.
En 2023 ya habían sido procesados por atacar una comisaría. Esa causa sigue abierta. Durante un reclamo policial, varios imputados golpearon a uniformados y destruyeron patrulleros. La fiscalía sumó ese antecedente para justificar el peligro procesal.
La defensa intentó deslegitimar las pruebas. Sostuvo que la policía había plantado ganado robado en el campo de los Tolosa. Alegó persecución y pidió arresto domiciliario. Ningún argumento fue aceptado por el juez.
El juez Nápoli resolvió de forma contundente. Avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva. Valoró el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y la gravedad de los delitos.
La medida judicial fue celebrada por los productores rurales. Desde Paso de Indios, varios pobladores destacaron la decisión. Pidieron que se avance en todas las líneas de investigación y se evalúe si hay más involucrados.
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En la zona, el temor todavía persiste. Muchos peones rurales prefieren no declarar. La banda tenía acceso a armas, vehículos y datos sobre cada denunciante. Rompían celulares, interceptaban mensajes y amenazaban con represalias.
La organización se sostenía con ventas en el mercado negro. Vendían carne faenada sin control, sin etiquetas, sin trazabilidad. La comercialización era directa, sin intermediarios ni controles. Los ingresos servían para financiar nuevas acciones.
El campo “Los Dos Hermanos” se usaba como tapadera. Allí escondían animales robados de diferentes campos. En algunos casos, mezclaban ganado propio con animales sustraídos. Era difícil comprobar el origen de cada uno.
Los investigadores señalaron complicidades locales. Algunos vecinos sabían lo que ocurría, pero no hablaban. Otros colaboraban por miedo o necesidad económica. La banda había tejido relaciones en varios parajes cercanos.
El accionar duró casi cuatro años. Desde 2021 hasta este mes, los Tolosa operaron con libertad. Recién con la acción coordinada de fiscales y policías pudo frenarse el ciclo delictivo. La causa será clave para el futuro de la región.
Las penas para los imputados podrían alcanzar los 25 años. Todo dependerá del avance de la investigación y del juicio oral. La fiscalía pedirá condenas ejemplares. Busca enviar un mensaje fuerte contra el delito rural.
Los peones rurales fueron clave para el caso. Muchos rompieron el silencio y brindaron detalles precisos. Algunos declararon bajo reserva. Otros mostraron grabaciones de amenazas y fotografías de los agresores.
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La causa despertó interés a nivel provincial. Diversas entidades rurales pidieron mayor protección y patrullaje. “No podemos seguir viviendo con miedo”, señaló un productor de la zona. Esperan cambios estructurales en el control rural.
Este caso revela una realidad extendida. El abigeato organizado crece en zonas alejadas. Las bandas actúan con violencia y muchas veces con protección local. El Estado debe mejorar la respuesta y la prevención.
Paso de Indios comienza a recuperar tranquilidad. La prisión de los acusados abre una nueva etapa. Pero el recuerdo del miedo sigue presente. Los pobladores esperan justicia, pero también acompañamiento.
El proceso judicial seguirá en los próximos meses. Se espera la recolección de nuevas pruebas y más testimonios. La causa puede derivar en otras investigaciones por lavado, venta ilegal o corrupción policial. El caso de la banda del Gordo Mandinga no es un hecho aislado. Expone las fallas del sistema rural argentino.