Son dos de los imputados en la causa “Embrujo” y están detenidos hace 8 meses.

Los jueces de garantías César Zaratiegui y Mirta Romero decidirán si dos de los imputados en la causa “Embrujo” esperarán el juicio oral y público con arresto domiciliario o si ambos o uno de ellos, continúen en prisión preventiva.

En la audiencia de revisión de la medida que ya tomó el juez Sergio Piñeda en contra de ambos imputados, Gabalachis insistió con su línea argumental al destacar que con la decisión de enviar el caso a juicio oral y público, han quedado despejados los riesgos procesales de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Natalia Mc Leod es madre de dos hijos de 11 y 15 años de edad que actualmente viven con su abuela en Trelew. La imputada se encuentra detenida desde marzo pasado en la Comisaría de Playa Unión, y su estado de salud psicofísica se ha deteriorado según constan distintos certificados médicos avalados además por profesionales forenses que incluso aconsejan mejoras en su situación de detención.

Gabalachis insistió además que la imputación contra ambos (integrantes de una asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito) son cargos que “merecen ciertos cuestionamientos constitucionales” y que el mínimo de las penas previstas, hacen posible el arresto domiciliario teniendo en cuenta los ocho meses que los imputados llevan detenidos. “La prisión preventiva no tiene que convertirse en el cumplimiento de una condena”, dijo Gabalachis en alusión a la cercanía del juicio oral y público previsto tentativamente para el próximo mes de febrero, instancia judicial además en la que se determinará la culpabilidad o no de los delitos que se les enrostra.

Gabalachis destacó además el arraigo que la mujer posee en la zona, habida cuenta de sus dos hijos y su situación económica por el juicio por alimentos y tenencia que le inició el padre de sus dos hijos, al no poder la imputada mantenerlos por su situación de encierro.

Para los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams que sostienen la continuidad de la prisión preventiva en un centro de detención, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, se mantienen ante el inicio en pocos meses más del juicio oral y público.