Chile avanza con un cable submarino junto a China y crece la alerta por riesgos de ciberseguridad

Actualidad30/09/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
El presidente de Chile, Gabriel Boric y el presidente de China, Xi Jinping,
El presidente de Chile, Gabriel Boric y el presidente de China, Xi Jinping,

Chile impulsa un proyecto de infraestructura digital que podría redefinir la soberanía de datos en América Latina. Se trata del “Chile–China Express”, un cable submarino que conectaría el país con Hong Kong y que, a diferencia de otros emprendimientos, se gestó con bajo nivel de transparencia y escasa información pública sobre financiamiento, consorcio y condiciones contractuales.

La comparación inmediata surge con el proyecto Humboldt, liderado por Google, Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa. El Humboldt conecta Valparaíso con Sídney pasando por Tahití y fue anunciado con cronogramas y socios claros. El plan chino, en cambio, aparece en registros de la industria como un proyecto “en progreso” bajo la órbita de Inchcape/ISS, pero sin precisiones abiertas a la ciudadanía.


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El trasfondo que enciende las alarmas es jurídico y geopolítico. Desde 2017, China cuenta con la Ley de Ciberseguridad (CSL), que obliga a los operadores de infraestructura crítica a almacenar datos en territorio local y a entregarlos a las autoridades cuando se los requiera. A esta norma se suma la Ley de Inteligencia Nacional, que impone a cualquier empresa o ciudadano chino colaborar activamente con el aparato de inteligencia, dentro y fuera de las fronteras del país.

En términos prácticos, esto implica que todo el tráfico que circule por infraestructura gestionada por empresas chinas puede ser accesible al Estado de Pekín, sin que los países interconectados tengan herramientas para impedirlo. La situación no se limita a Chile: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su flujo de datos enrutado por el Chile–China Express, lo que convierte a este proyecto en un asunto regional.


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La falta de transparencia en torno al acuerdo se inscribe en un patrón más amplio. Estudios internacionales, como los de AidData, han documentado cláusulas de confidencialidad extraordinarias en los contratos chinos de financiamiento en América Latina y África. A ello se suma la existencia de más de 50 “estaciones de policía” chinas en el extranjero, denunciadas por Safeguard Defenders como instrumentos de control sobre la diáspora.

El discurso oficial de Pekín suele presentarse en clave de beneficios económicos inmediatos, como empleo, inversiones y transferencia tecnológica. Sin embargo, la experiencia chilena muestra que muchos anuncios —como los de Sinovac, BYD o Tsingshan en los últimos años— quedaron truncos o se retiraron antes de concretarse.


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La comparación con proyectos occidentales como el Humboldt refuerza el debate. Aunque no están exentos de riesgos, estos emprendimientos se caracterizan por cronogramas claros y contratos sujetos a escrutinio público, algo que el Chile–China Express no ofrece hasta ahora.

En el fondo, lo que está en juego no es solo conectividad, sino gobernanza digital y soberanía tecnológica. La duplicidad de rutas transpacíficas refleja la competencia global por el control de la infraestructura de telecomunicaciones, y Chile se encuentra en el centro de esa puja.

Fuente: Infobae

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