El conflicto por el costo de la reimpresión de boletas después de la renuncia de Espert

La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza generó un nuevo frente de tensión entre el Gobierno, la Justicia Electoral y los aliados bonaerenses. La salida del economista, envuelto en causas judiciales por presunto lavado de dinero y vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, dejó vacante la cabeza de lista y reabrió una discusión legal que podría tener un fuerte impacto económico y político.

El Gobierno impulsa la reimpresión total de las boletas únicas de la provincia de Buenos Aires, pese al costo estimado en casi 12 millones de dólares. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que el proceso demandaría más tiempo del disponible y que los plazos podrían no alcanzar antes de las elecciones legislativas de octubre. “No es tan sencillo, porque no se trata de una boleta partidaria sino de una lista oficializada dentro del padrón único”, señalaron desde la Justicia Nacional Electoral.

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En la Casa Rosada, la decisión cuenta con aval político. El presidente Javier Milei confirmó públicamente que Diego Santilli reemplazará a Espert, acompañado por Karen Reichardt en segundo lugar. No obstante, el cambio enfrenta observaciones dentro del fuero electoral, donde se recuerda que la normativa vigente establece reemplazos respetando el orden original y el principio de paridad de género.

El artículo 7 del Código Nacional Electoral regula los reemplazos de candidatos en caso de renuncia, fallecimiento o inhabilitación. Según su redacción, el lugar debe ser ocupado por una persona del mismo género que siga en la lista. “Ese artículo se pensó como una acción afirmativa, sobre todo cuando quien encabeza es una mujer”, explicó una fuente de la Cámara Electoral, que advirtió que se trata de una cuestión jurídica y no política.

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Aun así, el oficialismo considera que el reemplazo por Santilli es válido. “Corresponde su designación conforme a la interpretación del decreto de reforma electoral”, sostuvieron funcionarios con conocimiento del proceso. Todo el material deberá ser remitido al juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien definirá si corresponde o no la sustitución y la reimpresión.

La discusión se traslada también al plano económico. La impresión de boletas únicas está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, bajo la conducción de María Luz Landívar, pero la orden final depende del Poder Judicial. En caso de autorizarse la reimpresión, los plazos serían ajustados: apenas entre 10 y 12 días. “Hay que cuidar el voto ciudadano; si hay que reimprimir, se hará”, deslizaron desde Casa Rosada, aunque admiten que los tiempos son críticos.

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En tribunales, la postura es más cauta. “Reimprimir todo el padrón es complejo, hay que aprobar nuevamente fotos, diseño y audiencias previas. Si no se llega, se informará a la ciudadanía que los votos dirigidos a Espert se computarán a quienes siguen en la lista”, explicaron fuentes con competencia electoral. El Gobierno rechaza esa alternativa por temor a generar confusión entre los votantes.

El trasfondo judicial de Espert agrava la situación. A las denuncias por lavado de dinero se suman acusaciones por negociaciones incompatibles y uso irregular de aeronaves vinculadas a Machado. En Comodoro Py ya se investiga una serie de vuelos compartidos entre ambos, mientras el ex candidato intenta mantener su defensa pública. “Renuncio para no entorpecer al espacio”, habría dicho ante su entorno más cercano.