Crisis habitacional: viviendas precarias, hacinamiento y falta de servicios en 1 de cada 3 familias

Actualidad06/10/2025

viviendas trelew

En la Argentina, una de cada tres familias habita una vivienda inadecuada, según un reciente trabajo de organizaciones sociales que advierte sobre una crisis estructural sin respuestas efectivas del Estado. El informe, elaborado por Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina, describe un panorama alarmante: precariedad, hacinamiento y carencias básicas que vulneran derechos esenciales.

“Las consecuencias son profundas: viviendas precarias, hacinamiento, falta de acceso a agua potable, baños, electricidad segura y una vulneración constante de los derechos humanos básicos”, señala el documento. Las entidades remarcan que esta situación impacta directamente en la salud, la educación y la seguridad de millones de personas.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), más de cinco millones de argentinos viven en barrios informales sin servicios básicos. A su vez, el Censo Nacional de 2022 determinó que seis millones de personas no cuentan con baño dentro de su vivienda, y un relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) identificó a más de un millón de ciudadanos que viven en hacinamiento crítico.

El déficit habitacional no se reduce a la falta de vivienda propia, sino también a las malas condiciones de habitabilidad, la inseguridad en la tenencia y la ausencia de infraestructura adecuada. Las organizaciones sostienen que la problemática excede el debate sobre la propiedad y requiere políticas públicas integrales, con financiamiento sostenido y criterios de inclusión territorial.

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En su análisis, los autores definen cinco condiciones esenciales que debe cumplir una vivienda digna. Entre ellas se destacan la seguridad en la tenencia, la disponibilidad de servicios básicos, la habitabilidad física, la accesibilidad universal y la ubicación adecuada respecto a fuentes laborales, salud y educación. Cuando uno o varios de estos factores no se cumplen, se profundiza la desigualdad estructural.

“Las personas deben vivir sin temor a ser desalojadas de manera arbitraria. La vivienda debe estar legalmente protegida, sea propia, alquilada o comunitaria”, enfatiza el informe, que también advierte sobre la falta de políticas que garanticen la conexión segura a servicios de agua, electricidad y saneamiento. La precariedad de los entornos urbanos, agregan, aumenta el riesgo de enfermedades y accidentes domésticos.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones presentaron la iniciativa Conectando Hábitat, una plataforma digital que busca visibilizar las historias de vida detrás de las estadísticas. El proyecto utiliza inteligencia artificial para recrear testimonios de familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y promover acciones concretas.

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“A través de personajes dramatizados en base a historias reales, mostramos cómo la falta de acceso a una vivienda adecuada condiciona la vida cotidiana de miles de familias”, explicaron los impulsores de la campaña. La propuesta busca poner rostro humano a una problemática estructural que suele quedar reducida a cifras frías.

El déficit habitacional es una deuda persistente que atraviesa gestiones y gobiernos. Las organizaciones firmantes insistieron en que la emergencia requiere medidas urgentes, como programas de urbanización de barrios populares, créditos accesibles para vivienda y planes de infraestructura básica sostenidos en el tiempo. Sin un abordaje integral, advirtieron, la desigualdad seguirá ampliándose.