La Justicia ordenó al Estado Nacional reparar rutas deterioradas en Río Negro tras una demanda provincial

Un fallo histórico volvió a poner en foco el abandono de la infraestructura vial en el interior del país. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó una sentencia que obliga al Estado Nacional a ejecutar obras de bacheo, señalización y mantenimiento en una ruta clave de Río Negro, tras una acción judicial iniciada por la Provincia en 2022.

“Este fallo ratifica todo lo que venimos diciendo respecto del abandono de las rutas por parte del Estado Nacional. No importa de qué gestión se trate, siempre miran para el costado cuando se trata de las necesidades del interior del país”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck, al celebrar la decisión judicial.

La Fiscalía de Estado provincial presentó la demanda en marzo de 2022 ante el Juzgado Federal de Bariloche. Reclamó que la Dirección Nacional de Vialidad cumpla con sus deberes legales y constitucionales en relación al mantenimiento de las rutas bajo su jurisdicción. La acción se enmarcó en un amparo que buscó proteger la seguridad vial y la integridad física de miles de rionegrinos.

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En primera instancia, el Juzgado Federal hizo lugar al reclamo y ordenó la ejecución inmediata de obras básicas. El Estado Nacional apeló la decisión, pero la Cámara Federal de General Roca ratificó el fallo en todos sus términos, destacando su razonabilidad, urgencia y procedencia. También reconoció la legitimación activa de la provincia para actuar en defensa de la vida, la salud y la seguridad de sus habitantes.

“Desde Buenos Aires quisieron hacernos creer que con un poco de bacheo estaban solucionando el problema, pero la realidad es que era y sigue siendo un peligro transitar por esa ruta”, agregó Weretilneck. Subrayó que la Provincia acudió a la Justicia ante la falta de respuestas oficiales. “Queremos rutas seguras para nuestra gente. No queremos más excusas ni falsas promesas”, remarcó.

La ruta involucrada es estratégica para la conectividad andina y la actividad económica y turística de la región. Su deterioro, denunciado durante años por vecinos, transportistas y autoridades locales, representa un riesgo permanente para quienes la transitan diariamente.

Desde la Fiscalía de Estado destacaron que el fallo “evidencia la inacción de Vialidad Nacional y reafirma el rol institucional de la Provincia como garante de derechos fundamentales”. También valoraron que se siente un precedente que podría replicarse en otras provincias con situaciones similares.

“Cuando se trata de proteger la vida y la seguridad de miles de rionegrinos, la Provincia tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar”, subrayaron desde el organismo.

La sentencia constituye un precedente importante para toda la Patagonia. Marca un límite a la inacción nacional y reconoce la potestad provincial de accionar judicialmente para proteger derechos colectivos, incluso frente a incumplimientos del propio Estado Nacional.