Río Negro dio el primer paso para eliminar el aporte obligatorio a Sitrajur

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto de ley que busca eliminar la contribución obligatoria del 2 por mil sobre juicios contenciosos o voluntarios, que actualmente se destina al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur). La iniciativa obtuvo 34 votos a favor y 9 en contra, y deberá superar una segunda instancia legislativa para convertirse en ley.

El oficialismo defendió la medida con el argumento de que se trata de una “carga impuesta a terceros totalmente ajenos a la actividad sindical”, sin contraprestación ni beneficios para quienes la abonan. La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, fue contundente: “Queremos eliminar un impuesto encubierto que la ciudadanía debe pagar para iniciar un proceso judicial”, explicó. Sostuvo que la contribución encarece el acceso a la justicia, vulnerando el principio de gratuidad y equidad.

Mansilla insistió en que “no corresponde al Estado establecer obligaciones en beneficio exclusivo de un sindicato” y planteó que las entidades gremiales deben autosustentarse con el aporte de sus afiliados. La legisladora fundó la propuesta en los principios de igualdad y legalidad tributaria, y apuntó que “para los rionegrinos, el costo de este aporte debe ser cero peso”.

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Lucas Pica calificó el financiamiento como “anómalo y contra natura”, recordando que Río Negro es la única provincia con un aporte de estas características. Lo definió como “un privilegio” y celebró la derogación como “una reparación histórica para los 750.000 rionegrinos que son potenciales pagadores de esta tasa”. También criticó que el sindicato no haya informado públicamente cuánto recauda, estimando que supera los 200 millones de pesos anuales.

Otros legisladores oficialistas, como Santiago Ibarrolaza y Javier Acevedo, centraron sus intervenciones en la necesidad de “garantizar un acceso más asequible a la justicia” y en la idea de que los sindicatos deben financiarse por medios voluntarios, no a través de mecanismos obligatorios. “La justicia tiene que ser un derecho para todos y no un negocio gremial”, afirmó Acevedo.

Ibarrolaza resaltó la situación cotidiana de los ciudadanos que inician una demanda y deben pagar la tasa de justicia, el aporte al Colegio de Abogados y el bono de Sitrajur. “Muchas personas desisten de litigar porque no pueden afrontar esos costos”, aseguró, al destacar que el proyecto “pone orden en un sistema injusto”.

La oposición planteó fuertes reparos. Magdalena Odarda calificó la iniciativa como un “ataque a los trabajadores judiciales” y advirtió que el 2 por mil financia coberturas sanitarias, alojamientos sociales y otros beneficios para las familias. Afirmó que la derogación vulnera compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y rompe la paz social.

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Leandro García coincidió en que el proyecto “no resuelve el problema de acceso a la justicia”, ya que la contribución representa apenas un 20% de los costos de inicio de una demanda. Sostuvo que el objetivo real es “disciplinar a un sindicato que critica la gestión gubernamental”.

Luciano Delgado Sempé y Ana Marks plantearon que el debate oculta los problemas estructurales del Poder Judicial. Delgado Sempé acusó al oficialismo de “atacar al trabajador y defender a las corporaciones” por no abordar temas como los sueldos del Superior Tribunal o los honorarios de Fiscalía de Estado. Marks agregó que la premura en el tratamiento se produce poco después de una queja ante la OIT por presuntas vulneraciones a derechos sindicales.

Finalmente, José Luis Berros definió el proyecto como un “intento de silenciar a las organizaciones sindicales”. Aseguró que el 2 por mil “no es un privilegio, sino un derecho de los trabajadores”, y que su eliminación pondrá en riesgo beneficios sociales y sanitarios para cientos de familias.

La iniciativa deberá tratarse en segunda vuelta para convertirse en ley. Si se aprueba, Río Negro eliminará un aporte obligatorio vigente desde hace décadas, modificando la relación financiera entre el Poder Judicial, la ciudadanía y el sindicato. El debate anticipa una discusión intensa en la próxima sesión, donde se espera una fuerte presencia gremial.