Crece la crisis por bebidas adulteradas en Brasil: dos muertes y más de 200 casos bajo investigación

Brasil atraviesa una grave crisis de salud pública tras detectarse una ola de intoxicaciones por consumo de bebidas adulteradas con metanol, una sustancia altamente tóxica utilizada en productos industriales como pinturas y disolventes. Las autoridades confirmaron dos muertes, siete casos sospechosos y más de 200 personas bajo observación médica, en un brote que tiene como epicentro la ciudad de San Pablo pero que se expandió a otras regiones del país.

Los primeros análisis revelaron que el metanol fue incorporado a bebidas alcohólicas destiladas, incluidas caipirinhas y vodkas, vendidas en locales y fábricas clandestinas, donde se habrían usado botellas recicladas de marcas originales. Los síntomas reportados incluyen visión borrosa, vómitos, dolor abdominal, sudoración intensa y, en los casos más graves, ceguera o daño cerebral irreversible.

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Ante la magnitud del problema, la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) activó un protocolo internacional de emergencia para conseguir fomepizol, el antídoto contra la intoxicación por metanol, que no se encuentra disponible en el país. También distribuye etanol farmacéutico manipulado como alternativa terapéutica y coordina el control de más de 600 farmacias que pueden prepararlo. “Recomendamos evitar el consumo de bebidas destiladas, especialmente las incoloras y de origen incierto”, advirtió el ministro de Salud, Alexandre Padilha, al tiempo que insistió en que “no se trata de un producto esencial para la vida de las personas”.

La Policía Civil de San Pablo inició operativos en depósitos, bares y fábricas sospechosas, logrando la primera detención en el caso: Ilson de Sales do Amor Divino, de 50 años, señalado como uno de los principales proveedores de materiales para falsificación. En su poder se hallaron más de 10.000 botellas adulteradas al mes. Las investigaciones apuntan a que las botellas eran limpiadas con metanol antes del llenado y luego revendidas como productos legítimos.

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Mientras tanto, la Asociación Brasileña de Lucha contra la Falsificación (ABCF) sospecha que el metanol utilizado proviene de distribuidores de combustible vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país. Según la entidad, podría tratarse de una maniobra de represalia tras los operativos “Carbonio Occulto”, que desmantelaron plantas clandestinas de combustible adulterado.

El problema expuso la falta de controles en la trazabilidad de bebidas, ya que el sistema Sicobe —encargado de monitorear la producción y distribución— fue suspendido en 2016. Desde entonces, la falsificación creció de manera alarmante. Según la ABCF, las pérdidas anuales del sector superan los 88.000 millones de reales (unos 16.500 millones de dólares), de los cuales un tercio corresponde a evasión fiscal.

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Un estudio de Euromonitor International reveló que una de cada cinco botellas de whisky o vodka vendidas en Brasil es falsificada. Además, el 28% del mercado de destilados está asociado a delitos como contrabando, evasión o producción ilegal. Los falsificadores consiguen botellas originales a través de recolectores informales, quienes las venden a precios ínfimos, lo que facilita la imitación casi perfecta. “Sin las botellas originales de las marcas, la falsificación no funciona”, advirtió Lucien Belmonte, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Vidrio.

El impacto económico también se hizo sentir: las destilerías y bares reportaron caídas del 50% en sus ventas en apenas una semana, y muchos locales decidieron retirar las bebidas destiladas de sus cartas. Algunos sectores temen que la crisis afecte incluso las negociaciones del acuerdo Mercosur–Unión Europea, luego de que Francia pidiera garantías sobre controles sanitarios y ambientales.

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El Congreso brasileño evalúa ahora una ley que equipare la adulteración de bebidas con delitos graves como el homicidio agravado o el secuestro, con penas de hasta 30 años de prisión si hay víctimas fatales. Sin embargo, medios locales advierten que el problema va más allá de las sanciones y requiere controles sostenidos del Estado, en un país donde la producción ilegal creció más del 500% en los últimos seis años.

Fuente: Infobae.