Modifican los regímenes de retiros voluntarios y desvinculaciones con el Estado

El Gobierno nacional dispuso que los regímenes de retiros voluntarios y cualquier mecanismo para discontinuar relaciones laborales con el Estado deberán contar con la autorización de los Ministerios de Economía y de Desregulación. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 50/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los organismos y empresas bajo control estatal.

La normativa introduce una nueva estructura de supervisión sobre los procedimientos de salida del personal público, centralizando las decisiones en las áreas que encabezan Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Según el texto, “los regímenes de retiro voluntario, jubilación anticipada o cualquier otro de similar naturaleza deberán contar con aprobación previa y fundamentada” por parte de ambos ministerios.

En el caso de la Administración Pública Nacional Centralizada, el diseño y aprobación de los planes estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con la intervención obligatoria de la Secretaría de Hacienda, dentro de las competencias presupuestarias de Economía. Esto implica que ningún organismo podrá avanzar sin acreditar suficiencia financiera y justificación técnica.

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Para los organismos descentralizados y entidades autárquicas, la resolución establece que deberán contar con la intervención favorable de la Subsecretaría de Presupuesto —dependiente de Hacienda— y de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. El mismo esquema se aplicará a las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, que deberán presentar cada plan con carácter previo a su implementación.

La resolución también determina los requisitos mínimos que deberán incluir los expedientes de tramitación. Entre ellos figuran la presentación del proyecto por una autoridad no inferior al rango de secretario, la fundamentación de la medida, el detalle del personal alcanzado, las condiciones de acceso, la modalidad de pago y la estimación del costo total de adhesión. Además, deberá acompañarse la certificación de suficiencia presupuestaria que garantice la disponibilidad de fondos.

Cada organismo estará obligado a notificar oficialmente la norma que apruebe la instrumentación de los planes dentro de los cinco días hábiles posteriores a su firma. Esa comunicación deberá incluir los datos completos de cada agente adherente: CUIL, nombre, categoría, fecha del retiro, monto total, cantidad de cuotas y antigüedad computada.

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El objetivo, según fuentes del Ejecutivo, es homogeneizar los criterios de desvinculación y evitar discrecionalidades entre organismos, asegurando un control financiero y administrativo más estricto. La decisión se enmarca en el proceso de reestructuración del empleo público que impulsa la gestión, orientado a reducir la masa salarial del Estado y revisar los regímenes de personal vigentes.

El texto oficial también prevé que toda comunicación deberá cursarse a través de canales formales y quedará registrada en los sistemas internos de seguimiento de personal. De esta forma, el Gobierno busca establecer trazabilidad en los procesos de retiro y garantizar que cada medida se adopte dentro de un marco legal uniforme.

Fuente: NA.