La Justicia Federal ordena a Vialidad Nacional reparar la Ruta 151 en 90 días.
En un fallo histórico, la Justicia Federal de General Roca ordenó este martes a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) elaborar, en los próximos 90 días, un plan de reconstrucción urgente para la Ruta 151. La decisión, tomada por el Juez Federal Hugo Greca, responde a una acción judicial impulsada por la Provincia de Río Negro, los municipios del Alto Valle y diversas cámaras empresarias que denunciaron el grave deterioro de esta importante vía de comunicación.
El plazo para la ejecución del plan comienza con un relevamiento de los puntos más críticos de la ruta, que debe estar listo en diez días. A partir de allí, se comenzarán los trabajos de mantenimiento y reconstrucción, con el objetivo de que las obras estén en marcha en un plazo máximo de seis meses desde el fallo. "La inacción del Estado no es una opción", dejó claro el tribunal, advirtiendo que la falta de presupuesto no podrá ser utilizada como excusa para el incumplimiento de la orden.
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La resolución subraya que el deterioro de la ruta pone en riesgo la seguridad vial y afecta gravemente a sectores claves como la salud, la educación, el transporte y las industrias hidrocarburífera y frutícola, vitales para la región. "Es sorprendente que la DNV niegue el deterioro mientras presenta informes que prueban la paralización de las obras", señala la sentencia.
La Ruta 151 es un eje vital de conectividad entre Río Negro y La Pampa, que conecta zonas productivas y turísticas. A pesar de las promesas de reparación, la ruta ha estado sin obras significativas desde 2023, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes y los sectores económicos que dependen de su buen estado.
La demanda judicial fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que la inacción estatal compromete derechos fundamentales como la vida y la seguridad de los usuarios. Los municipios y las cámaras empresarias también sostienen que el mal estado de la ruta afecta directamente la actividad industrial y comercial, lo que repercute en la economía de la región.
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El fallo también establece que las costas de la demanda serán a cargo del Estado Nacional y la DNV, mientras que los honorarios de los abogados involucrados serán regulados según lo establecido por la Corte Suprema. Este fallo se suma a un precedente reciente, cuando la Cámara Federal de General Roca confirmó la responsabilidad del Estado Nacional por el mantenimiento de las rutas nacionales en la región, en otro caso relacionado con la Ruta 22.
Con el plan de obras en marcha, las autoridades esperan que la situación mejore rápidamente y se restablezca la seguridad y la eficiencia en una de las rutas más importantes del país.
Fuente: NoticiasNet
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