Imputan a una funcionaria del Registro Civil por integrar una banda que falsificaba documentos

Una investigación del Ministerio Público Fiscal de San Juan derivó en la imputación de nueve personas, entre ellas una funcionaria del Registro Civil de Pocito, acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentos de identidad que luego eran utilizados para cometer estafas y operaciones financieras fraudulentas.

El caso fue formalizado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, bajo la dirección del fiscal Fernando Alcaraz, quien presentó cargos por falsificación de documentos, estafa, asociación ilícita y violaciones a la Ley N° 17.671, que regula la identificación y el registro de personas.

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De acuerdo con la acusación, la funcionaria identificada como N.L.C. utilizaba su posición dentro del Registro Civil para incorporar datos biométricos falsos —fotografías y huellas dactilares— en los trámites formales, lo que permitía la emisión de DNIs auténticos en su formato, pero falsos en su contenido, con identidades completamente apócrifas.

Estos documentos eran luego empleados para tramitar créditos, adquirir bienes y realizar operaciones comerciales en nombre de terceros, que posteriormente eran revendidos o utilizados para lavar activos. Las maniobras fueron detectadas tras una denuncia presentada en diciembre de 2024 por una residente de Buenos Aires, quien advirtió que un DNI con su nombre y datos había sido utilizado para contratar préstamos y efectuar compras que ella nunca realizó.

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A partir de esa denuncia, la fiscalía rastreó la documentación hasta el Registro Civil de Pocito, donde una auditoría interna reveló múltiples irregularidades y al menos 22 casos adicionales de falsificación, de los cuales 18 se encuentran en grado de tentativa y cuatro fueron consumados.

Durante la investigación se realizaron allanamientos, peritajes digitales y recolección de pruebas documentales que confirmaron la operatoria delictiva. En julio de este año, la justicia ordenó la prisión preventiva de N.L.C., mientras que otros imputados permanecen bajo investigación.

Uno de los integrantes de la banda, que ya cumplía prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes en el norte del país, logró fugarse tras la audiencia de formalización, por lo que se dictó un pedido de captura nacional.

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La causa, calificada como un “caso testigo” por el Ministerio Público Fiscal, permitió detectar un circuito de corrupción institucional que facilitaba la emisión irregular de documentos oficiales y la creación de identidades falsas, lo que podría tener ramificaciones en otras jurisdicciones del país.

El Registro Civil de San Juan continúa colaborando con la justicia en la auditoría interna, mientras la fiscalía evalúa ampliar la imputación a otros empleados y particulares que habrían participado en las maniobras. El objetivo ahora es determinar el alcance real de la red y el perjuicio económico ocasionado por las operaciones fraudulentas.