Estados Unidos habilitó operaciones secretas en Venezuela y reabre el juego de la CIA en América Latina

Estados Unidos volvió a colocar a Venezuela en el centro de su tablero geopolítico con la aprobación de un permiso secreto que amplía las operaciones de la CIA en la región. La medida, confirmada por funcionarios norteamericanos bajo reserva, fue impulsada por el entonces presidente Donald Trump con el propósito de presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Fuentes de inteligencia describieron el documento como un “hallazgo presidencial”, una herramienta legal que permite ordenar misiones clandestinas sin pasar por el Congreso. La decisión autoriza a la CIA a ejecutar operaciones letales, sabotajes y acciones de inteligencia dentro y fuera del territorio venezolano, incluso en coordinación con el Ejército estadounidense desplegado en el Caribe.

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El anuncio se produce tras una serie de movimientos militares en la zona. Washington mantiene unos 10.000 soldados en bases de Puerto Rico y buques de guerra frente a la costa venezolana, donde en las últimas semanas se registraron ataques contra embarcaciones sospechadas de tráfico de drogas que dejaron 27 muertos.

El giro en la estrategia responde al fracaso de los intentos diplomáticos para lograr la salida voluntaria de Maduro, quien mantiene el poder pese a las sanciones económicas y las denuncias por narcotráfico. En ese contexto, Trump resolvió suspender las conversaciones con Caracas y delegar la coordinación política al secretario de Estado Marco Rubio y al director de la CIA, John Ratcliffe.

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Ratcliffe había prometido una agencia más arriesgada y menos burocrática. “La CIA debe ir a lugares donde nadie más puede ir y hacer cosas que nadie más puede hacer”, declaró durante su confirmación ante el Senado. Bajo su dirección, la agencia intensificó operaciones antidrogas en América Latina y comenzó a explorar nuevas tácticas en Venezuela.

Las fuentes consultadas aseguran que la orden no implica una intervención militar directa, pero sí abre la puerta a maniobras de sabotaje o infiltración contra funcionarios del gobierno venezolano. Aunque oficialmente la Casa Blanca y la CIA no ofrecieron comentarios, el contexto marca un endurecimiento evidente de la política exterior estadounidense en la región.

En paralelo, Maduro continúa bajo investigación en tribunales de Estados Unidos, acusado de encabezar una red criminal vinculada al narcotráfico. Washington mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita detenerlo. Sin embargo, informes internos de inteligencia contradicen parte de esas acusaciones, especialmente las que lo relacionan con el grupo conocido como Tren de Aragua.

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La operación encubierta revive una historia que América Latina conoce bien. Desde Guatemala hasta Chile, la CIA protagonizó en el siglo XX golpes de Estado y conspiraciones que alteraron el rumbo político de varios países. El nuevo permiso, según expertos, retoma ese legado bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la seguridad nacional.

En el plano interno, la revelación de esta autorización vuelve a poner en debate el uso del poder ejecutivo para ordenar acciones secretas sin control legislativo. Solo un grupo reducido de congresistas fue informado, y la supervisión posterior depende de informes clasificados que rara vez salen a la luz.

Con esta decisión, Estados Unidos vuelve a mover fichas en el tablero latinoamericano, en una jugada que combina geopolítica, recursos energéticos y control territorial. Venezuela, otra vez, queda en el centro de una pulseada que trasciende fronteras y evoca las sombras de la Guerra Fría.