
La causa Andis llega a la Cámara Federal con audios que sacuden la investigación
Policiales24/10/2025
Sergio Bustos
La investigación por presuntos sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad entra en una fase decisiva. La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez en el expediente conocido como causa Andis, que indaga un presunto circuito de pagos ilegales entre droguerías y funcionarios públicos.


El próximo martes 28 de octubre, los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah encabezarán una audiencia en la sala II del Tribunal de Apelaciones para revisar los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina.
El juez federal Sebastián Casanello había rechazado los recursos de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, en línea con el fiscal Franco Picardi. Para el Ministerio Público, los planteos fueron “errados y contradictorios” y solo buscaron “entorpecer una pesquisa incipiente” que ya lleva varias semanas bajo secreto de sumario.
El 9 de octubre pasado, Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares, tras detectar irregularidades graves y direccionamientos en la compra de medicamentos de alto costo. Esa medida marcó un punto de inflexión en el expediente, que hasta entonces avanzaba en silencio.
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Los empresarios farmacéuticos, en cambio, sostienen que el caso se originó a partir de material ilegal. El abogado Martín Magram, representante de los Kovalivker, argumentó que los audios que dieron origen a la causa fueron “adulterados, obtenidos de forma ilícita o incluso creados por inteligencia artificial”.
En esas grabaciones, atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, se menciona a la droguería Suizo Argentina como parte de un presunto esquema de sobornos. También aparecen referencias a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, ambos integrantes del entorno más cercano del presidente Javier Milei.
Spagnuolo, que también figura como imputado en la causa, se sumó al pedido de nulidad general. Su defensa sostiene que los audios fueron obtenidos fuera de los canales legales, sin autorización judicial, y que por lo tanto todo lo actuado debería quedar invalidado.
Sin embargo, la fiscalía mantiene su posición de avanzar con la pesquisa y sostiene que los planteos de nulidad no se apoyan en pruebas concretas. En su dictamen, Picardi remarcó que los argumentos de los empresarios “no refutan los hechos investigados ni explican el presunto direccionamiento en las contrataciones”.
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Los jueces de la Cámara Federal deberán resolver ahora si confirman el rechazo a las nulidades o si hacen lugar a los planteos de las defensas. Si los rechazan, la investigación continuará con nuevas medidas bajo secreto, lo que podría incluir la ampliación de los allanamientos y la citación de más testigos.
En los tribunales federales se espera que la audiencia del martes tenga un fuerte impacto político y mediático. No solo por el vínculo de los imputados con el sector farmacéutico, sino también por las menciones a figuras cercanas al Gobierno. El expediente pone en el centro de la escena a la Agencia de Discapacidad y al mecanismo de compra de medicamentos de alto costo.
Por ahora, los jueces Boico, Irurzun y Farah no adelantaron postura. De su decisión dependerá si la causa sigue adelante o si se desmorona por completo antes de llegar a juicio.
















