El Presupuesto 2026 prevé recortar 155.000 pensiones por discapacidad en medio del escándalo de ANDIS
Actualidad28/10/2025
REDACCIÓN
Andis
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso incluye una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad, una medida que abre un nuevo frente de tensión política y social. El ajuste, sin embargo, podría quedar sin efecto si prospera el fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir 119.033 pensiones suspendidas durante los últimos meses.
La previsión fue elaborada antes de la resolución del juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, quien calificó de “irregular” el accionar del organismo y ordenó el restablecimiento inmediato de las prestaciones, junto con el pago de los haberes retenidos. El fallo puso un freno al proceso de auditorías impulsado por la Andis, que había justificado las revisiones como parte de un intento de “depurar el sistema y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente lo necesitan”.
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El ajuste previsional se produce además en medio del escándalo por presuntas coimas dentro de la Andis, que derivó en la salida de su titular, Diego Spagnuolo, y en una investigación judicial por hechos de corrupción vinculados al otorgamiento y suspensión de pensiones. La situación generó un clima de desconfianza en torno a la administración del sistema, mientras organizaciones de discapacidad y especialistas advierten sobre el impacto social de la medida.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de los $71 billones asignados a prestaciones previsionales para el próximo año —que abarcan jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas—, $3,8 billones se destinarán al pago de bonos extraordinarios, cifra que se mantendrá sin cambios respecto de 2025.
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La cantidad total de jubilados y pensionados caería de 9,15 millones a 9,01 millones, una baja del 1,5%, atribuida principalmente a la reducción de beneficiarios de pensiones por invalidez. En términos fiscales, el gasto en ese rubro disminuiría un 10,6% real, pasando del 0,5% del PBI al 0,4%, de acuerdo con las proyecciones oficiales.
El economista Jorge Colina, del Instituto Idesa, interpretó que el Gobierno busca “romper con el uso político de las pensiones” mediante un sistema de auditorías y revalidaciones, aunque advirtió que “muchas fueron suspendidas sin fundamentos y afectaron a personas que dependían de esos ingresos para vivir”.
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Por su parte, Rafael Flores, especialista en finanzas públicas, planteó que el Estado debería incorporar el eventual costo de restitución como un pasivo contingente, ante la posibilidad de que la Justicia mantenga su decisión. “El riesgo fiscal es evidente: si el fallo se confirma, el Tesoro deberá afrontar no solo la restitución de las pensiones sino también los retroactivos”, explicó.
En agosto, el vocero presidencial Manuel Adorni había defendido las auditorías como parte de un proceso para “reordenar un sistema que fue usado con fines clientelares”. Pero la intervención judicial cambió el escenario y condiciona el margen de acción del Ejecutivo, justo cuando el debate legislativo del Presupuesto 2026 comienza a tomar fuerza en las comisiones del Congreso.
Mientras tanto, las organizaciones de personas con discapacidad exigen que se garantice la continuidad de las pensiones y reclaman transparencia en los mecanismos de revisión. Con el proceso judicial en curso y el proyecto aún en discusión parlamentaria, el ajuste previsional se convierte en uno de los puntos más sensibles del próximo debate fiscal.
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