Caso YPF: el Gobierno aceptó entregar mensajes y dispositivos a la Justicia de Estados Unidos

La República Argentina informó a la jueza estadounidense Loretta Preska que pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que cooperen con el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y entreguen sus dispositivos móviles y comunicaciones. La medida responde al pedido de la magistrada en el marco del proceso judicial que mantiene el país por la expropiación de YPF, cuya sentencia original lo condenó a pagar más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital.

La presentación fue realizada por los abogados del Estado argentino y divulgada por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca la causa. En el escrito, el Gobierno solicitó una prórroga hasta el 21 de noviembre para completar la entrega de los datos requeridos, debido a la complejidad del procedimiento y la cantidad de funcionarios involucrados.

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El requerimiento forma parte del proceso conocido como “discovery”, etapa en la que el demandante busca obtener pruebas para respaldar su reclamo. En este caso, Burford Capital pretende demostrar que el Estado argentino e YPF actuaron como una misma entidad, lo que en términos legales se denomina “alter ego”.

Si la jueza Preska acepta ese planteo, los demandantes podrían solicitar el embargo de activos pertenecientes a YPF y otras empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ENARSA o el Banco Central, con el objetivo de garantizar el cobro de la millonaria condena. La posibilidad de esa ampliación de responsabilidad mantiene en alerta al equipo jurídico argentino.

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La orden judicial apunta a mensajes, correos y comunicaciones en plataformas como WhatsApp, con el fin de identificar si los funcionarios usaron canales no oficiales para impartir directivas sobre precios, políticas de gestión o decisiones empresariales que vinculen a la petrolera con el Poder Ejecutivo.

La jueza busca determinar si hubo interferencia política directa en las decisiones internas de YPF, lo que reforzaría la posición del fondo Burford sobre la falta de autonomía entre la empresa y el Estado. Por esa razón, el tribunal estadounidense solicitó la entrega del contenido de los dispositivos personales de quienes ocuparon cargos clave durante el proceso de nacionalización y los años posteriores.

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Desde el Gobierno argentino señalaron que cooperarán dentro del marco legal, aunque insistieron en que la independencia jurídica de YPF está plenamente acreditada. A la vez, el país mantiene apelaciones activas sobre distintos aspectos del fallo principal, mientras negocia con los acreedores para reducir el impacto financiero.

La decisión de la jueza Preska podría tener consecuencias sobre los activos argentinos en el exterior, por lo que los equipos legales de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía trabajan de manera conjunta para evitar nuevas medidas cautelares.

Fuente: NA.