La Justicia ordenó seguimiento psicológico y refuerzo de cibercontroles por el intento de “masacre escolar”

La detención del adolescente de 16 años que planeaba una “masacre escolar” en el barrio porteño de Caballito, revelada ayer por la Policía Federal Argentina (PFA), provocó alarma institucional y una rápida reacción judicial. Tras el operativo que impidió el ataque, la jueza María Romilda Servini dispuso medidas de contención psicológica y un refuerzo en los controles sobre actividades digitales de riesgo, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el joven permanece bajo observación del Cuerpo Médico Forense, que evaluará su estado mental y el nivel de peligrosidad antes de definir el régimen de tratamiento y custodia. En el operativo, se secuestraron réplicas de armas de fuego, cuchillos, bombas caseras y un escrito con detalles del plan, que tenía como fecha tentativa noviembre de 2025.

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El caso salió a la luz tras una alerta enviada por el FBI a la UFECI, dirigida por Horacio Azzolin, sobre un usuario argentino que manifestaba en redes su intención de realizar un tiroteo escolar. A partir de esa información, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA localizó el domicilio sobre avenida Juan Bautista Alberdi y concretó el allanamiento.

Los investigadores determinaron que el joven mostraba “una fuerte admiración por ideologías nazis y asesinos seriales”, en particular por los autores de atentados masivos en Nueva Zelanda y Noruega. Entre los objetos hallados, una réplica de subfusil tenía grabados los nombres de Brenton Tarrant y Anders Breivik, además del argentino Rafael Solich, conocido por la masacre de Carmen de Patagones.

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Para los especialistas, el caso representa una señal de alarma sobre el proceso de radicalización adolescente en entornos virtuales. Un informe preliminar del Ministerio de Seguridad advierte que el joven participaba en foros y canales de mensajería cifrados donde circulaban discursos de odio y material ultraviolento.

Desde el ámbito judicial, se ordenó reforzar la coordinación entre fuerzas de seguridad, Interpol y las plataformas tecnológicas para detectar patrones de riesgo similares. Fuentes de la PFA confirmaron que “se revisarán los perfiles y grupos donde el menor interactuaba”, con el fin de identificar posibles cómplices o instigadores.

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“Este caso muestra cómo la radicalización puede gestarse desde el aislamiento digital y la falta de contención emocional”, señaló un especialista del Ministerio de Educación, que adelantó que se activará un protocolo de prevención escolar en coordinación con los equipos de orientación y salud mental.

El Ministerio de Seguridad informó además que el joven no contaba con antecedentes penales ni registros previos en bases de inteligencia, lo que plantea nuevos desafíos para anticipar amenazas emergentes que se gestan en espacios virtuales cerrados o en la llamada “dark web”.

Fuente: Clarin, Na, X, Policía Federal, TN