

La Cámara Penal de Esquel analizará el próximo 19 de noviembre la apelación presentada en la causa por una estafa del llamado “cuento del tío”, una de las modalidades delictivas más extendidas en el país. Los acusados, Maximiliano Nicolás Esteban y Cristian Alejandro Esteban, fueron condenados en primera instancia a tres años y seis meses de prisión efectiva, mientras que su madre, Marta Traico, recibió una pena de dos años en suspenso.


Durante la audiencia, la defensa planteó un argumento inusual al sostener que la víctima —una mujer mayor— “debió haber activado las barreras de autoprotección que debe tener todo ciudadano”. El abogado intentó desplazar el foco de responsabilidad hacia la propia víctima, argumentando que su vida social y laboral activa la hacían menos vulnerable al engaño.
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La fiscal María Bottini rechazó con firmeza ese planteo, advirtiendo que culpar a la víctima implica desconocer la naturaleza de este tipo de delitos, que explotan la confianza y la buena fe. “La vulnerabilidad no se mide por la edad, sino por la manipulación emocional de quien actúa con engaño”, sostuvo la fiscal durante la exposición.
Otro punto de controversia fue el monto del dinero sustraído, que la defensa consideró dudoso. Sin embargo, la fiscalía y la querella acreditaron que los ahorros eran el resultado de casi 70 años de trabajo, respaldados por registros de compras de dólares y transferencias familiares comprobadas. “La desconfianza en los bancos forma parte de una historia económica que empuja a muchos adultos mayores a guardar su dinero en efectivo”, explicaron los representantes del Ministerio Público.
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El caso reveló además una trama de manipulación familiar. La camioneta Toyota SW4 de la madre de los acusados fue utilizada para transportar el dinero robado, y las cámaras de seguridad de su propio domicilio la registraron colaborando en el conteo de los billetes durante más de dos horas. Frente a la acusación, la defensa pidió aplicar la “excusa absolutoria” por el vínculo parental, pero la fiscalía descartó ese beneficio al sostener que la mujer actuó con “ánimo de lucro”.
El fiscal adjunto Ismael Cerda demostró que la estafa no fue un hecho aislado. “Los acusados realizaron 46 llamadas en simultáneo a personas mayores de Esquel”, detalló. “No fue una llamada al azar: fue una campaña planificada en busca de una víctima vulnerable”, remarcó.
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El seguimiento tecnológico permitió reconstruir toda la operación. Los investigadores trazaron un rastro digital con geolocalización, comunicaciones intervenidas y registros de cámaras que vincularon a los tres condenados con el hecho. Este trabajo permitió probar la secuencia de la estafa desde la primera llamada hasta el traslado del dinero.
La Cámara Penal deberá ahora decidir si confirma la condena o da lugar a los planteos de la defensa. La resolución se conocerá el 19 de noviembre al mediodía, y será determinante para el futuro judicial de los tres acusados.


















