Condenan a un odontólogo por abuso sexual simple y le imponen fuertes restricciones profesionales

En Sarmiento, un odontólogo de 50 años fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso, junto con una serie de restricciones profesionales y obligaciones terapéuticas que marcarán de manera estricta su actividad laboral durante los próximos años. La resolución también lo obliga a afrontar el costo total del tratamiento odontológico de la víctima, una adolescente que lo denunció por abuso sexual simple.

La jueza Karina Breckle determinó que el profesional es autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, en el marco de la Ley de Protección Integral de la Mujer. La magistrada remarcó que la combinación de sanción penal y reglas de conducta apunta a proteger a posibles víctimas y a asegurar un control claro sobre su práctica profesional.

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Entre las medidas más relevantes se incluye la prohibición absoluta de atender pacientes menores de edad, sin distinción de género. El odontólogo deberá derivar de forma inmediata cualquier consulta que reciba de una persona menor y evitar así cualquier situación de contacto profesional prohibido por la sentencia.

La resolución también ordena que el consultorio exhiba un aviso visible en recepción y en la puerta del box donde trabaja el profesional, con la leyenda: “El profesional F.R.F.D. mantiene vigente orden judicial que prohíbe atender pacientes menores de edad”. La disposición busca garantizar que cualquier persona que ingrese al establecimiento conozca las limitaciones impuestas por la Justicia.

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Además de estas restricciones, la jueza dispuso que el condenado deberá realizar un tratamiento psicológico durante dos años o hasta recibir el alta correspondiente. A esto se suma la obligación de cumplir 800 horas reloj de capacitaciones sobre Ley Micaela, derechos de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, violencia contra la mujer y ética profesional, una formación que apunta a modificar conductas y ampliar su perspectiva sobre problemáticas de género.

La sentencia ordena también que el odontólogo asuma el costo completo de un tratamiento de ortodoncia equivalente al que realizaba a la víctima, quien podrá elegir al profesional que la atenderá en adelante. Esta reparación económica se vincula con el daño ocasionado y con la interrupción forzada de su tratamiento original.

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El caso se originó tras un hecho ocurrido el 27 de junio de 2023, alrededor de las 10:30, en el consultorio donde el imputado ejercía su actividad. La víctima, una adolescente de 17 años, denunció al profesional luego del episodio, lo que activó los protocolos vigentes para estos casos y derivó en la intervención judicial.

Tanto la identidad de la víctima como la del imputado permanecen reservadas para evitar procesos de revictimización, una práctica esencial en situaciones vinculadas a delitos sexuales y especialmente cuando se trata de menores de edad.