La Justicia formalizó la investigación por usurpación y robo en un campo de Gualjaina

La Fiscalía de Esquel formalizó la investigación por la denuncia de usurpación ocurrida la semana pasada en un campo de Gualjaina, donde fueron detenidas cuatro personas tras un allanamiento. El procedimiento se realizó luego de que el administrador del predio alertara sobre el ingreso de desconocidos con los rostros cubiertos, quienes habrían dañado candados y cámaras de seguridad antes de ser aprehendidos por la Policía del Chubut.

El juez penal declaró legal la detención y dio curso a la apertura formal de la investigación, solicitada por el procurador fiscal Ismael Cerda, quien planteó un plazo de seis meses para la etapa de instrucción. Según la acusación, los imputados ingresaron por la fuerza al establecimiento rural y se llevaron una motosierra y una amoladora inalámbrica, hechos que motivaron la calificación provisoria de “robo doblemente agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda”, además del delito de usurpación.

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Durante la audiencia, la defensa, a cargo del abogado Luis Virgilio Sánchez, rechazó la acusación y sostuvo que se trató de un acto de “reivindicación territorial”. Afirmó que los imputados no tenían en su poder los elementos denunciados como sustraídos y que el ingreso al campo respondió a una disputa de fondo por la propiedad de las tierras.

“No hubo clandestinidad ni violencia, sino una manifestación en un territorio comunitario Mapuche”, expresó el defensor, quien además mencionó la existencia de denuncias previas por fraude y venta irregular de tierras. El juez penal ratificó la apertura de la causa penal y dispuso la restitución provisoria del inmueble al propietario, aclarando que la medida no resuelve la titularidad definitiva del terreno.

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También ordenó que los cuatro imputados no podrán acercarse ni ingresar al campo por seis meses, y estableció que la camioneta secuestrada durante el operativo será devuelta a su titular en carácter de depositaria judicial, sin posibilidad de venderla o transferirla mientras se realicen las pericias correspondientes.

Uno de los imputados tomó la palabra al finalizar la audiencia, identificándose como representante de una comunidad Mapuche. Negó las acusaciones de robo y violencia, y argumentó que su presencia en el lugar buscaba “legitimar la reivindicación territorial” y mantener contacto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Aseguró que el conflicto “es de carácter político y no penal”, y reclamó que se encause mediante el diálogo con las autoridades nacionales y provinciales.

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La causa quedará bajo la órbita de la Fiscalía de Esquel, que continuará con las diligencias y pericias para determinar responsabilidades penales y eventuales vínculos con otros hechos ocurridos en la zona. Mientras tanto, el fallo judicial reafirmó que las disputas de propiedad deberán resolverse en los fueros civil o administrativo, y no en el ámbito penal.