Corrupción: quiénes son y cuánto ofrecieron los políticos y empresarios para cerrar un juicio

La causa “Cuadernos” vivió una jornada clave: a menos de dos meses del debate oral, 48 imputados —en su mayoría empresarios de obra pública y algunos exfuncionarios— formularon ofertas económicas para extinguir la acción penal mediante el instituto de “reparación integral” (art. 59 inc. 6 CP). La audiencia virtual ante el TOF 7 reunió a unas 70 personas y abrió un frente jurídico y político de alto voltaje.

La fiscal Fabiana León fijó una postura tajante. “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional”, sostuvo al oponerse a convalidar acuerdos monetarios. Para la acusación, el bien protegido es la probidad pública y no existe víctima disponible con quien transar.

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La Unidad de Información Financiera (UIF) acompañó esa línea. Mariano Galpern, director de Litigios, remarcó: “La duración del proceso no habilita la impunidad. La complejidad no es excusa, es prueba de la gravedad”. El organismo querellante pidió sostener el juicio y evitar un sistema donde el poder adquisitivo reemplace la igualdad ante la ley.

Las defensas movieron pieza tras un planteo empresario que la fiscal notificó a todas las partes. En el expediente se ofertaron más de US$12 millones, con propuestas que reflejan la diversidad de imputados:

• Adrián y Mauricio Pascucci (Alquimaq): $133.000.000 por los dos.

• Gabriel Romero (Hidrovía/Ferrovías): US$344.840.

• Rodolfo Poblete (Hidrovía/Ferrovías): US$33.788.

• Jorge Benolol: US$290.577.

• Aldo Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Ferrovías): US$1.267.108.

• Carlos Arroyo (socio de Green): US$1.823.

• Carlos Román (constructora Green): US$1.823.

• Fabián García Ramón (exdirector de Energías Renovables): US$908.824.

• Cristóbal López, Fabián y Osvaldo de Sousa (CPC, C5N): US$683.028 en conjunto.

• Enrique Pescarmona y Rubén Valenti (IMPSA): US$344.638.

• Hugo Dragonetti (Panedile): US$960.390.

• Hugo Marín Larraburu (exsecretario de Abal Medina): US$30.537.

• Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete): US$40.000 (actualizado).

• Nicolás Suárez y Roberto Orazi (Hidraco): US$92.176.

• Jorge Beniot: US$29.057.

• Juan José Luciano (Luciano SA): US$60.818 (actualizado).

• Juan Manuel Collazo (Helport, Grupo Eurnekian): US$603.255.

• Armando Loson (Grupo Albanesi, Bodega del Desierto): US$122.472.

• Julio José Paulecci: US$256.789.

• Luis Armani (Vialmani): US$3.378.

• Mario Rovella (Rovella-Carranza): US$494.541.

• Miguel Marcelino Azar (Vial 3): US$162.182.

• Patricio Gerbi (Coarco): US$139.698.

• Walter Fagyas (ex ENARSA): US$138.531.

• Miguel Ángel Marconi (Supercemento): US$342.611.

• Ángelo Calcaterra (ex Iecsa): US$1.684.442.

• Ernesto Clarens (financista): barco y departamento en Miami valuados en US$1,5 millones.

• Alberto Taselli: US$10.000.

• Gabriel Pedro Losi (Losi SA): US$557.629.

• Ricardo Santiago Scundia (Grupo Roggio): US$221.109.

• Daniel Pitón (constructora, Entre Ríos): US$93.119.

• Osvaldo Acosta (Electroingeniería): US$295.983.

• Juan Carlos De Goycoechea, Mario Maxit y César De Goycoechea (Isolux Corsán): US$1.081.219.

• Héctor Javier López Caballero (exgerente Iecsa): US$460.641.

• Santiago Ramón Altieri (ejecutivo de Iecsa): US$309.239.

• Claudio Javier Glazman (inmobiliario): US$206.904.

• Mario Marcuzzi: US$202.

• Oscar Sansiseña, Guillermo Escobar, Pablo José Gutiérrez, Jorge Mauricio Balán y Ricardo Scundia: ofrecieron el monto actualizado de sus embargos.

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La fiscal apuntó al mensaje institucional. “Admitir la reparación integral sería mercantilizar la corrupción”, advirtió, y agregó: “Si aquí se transa, el mensaje social es letal”. Para León, la pena o la absolución marcan conductas intolerables y garantizan igualdad; por eso, un pago no repara la erosión de la confianza pública.

La UIF reforzó la objeción con un argumento de política criminal. “¿Cuánto más grande y dañino el delito, más fácil la salida?”, planteó Galpern. Para el organismo que conduce Paul Starc, las salidas transaccionales abren “un mercado de impunidad” que premia a quien puede pagar y rompen la simetría con el ciudadano común.

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El Tribunal deberá decidir si admite o no las propuestas. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tienen ahora la última palabra sobre si esos pagos pueden extinguir la acción penal o si, como piden fiscalía y querella, el caso debe llegar a juicio. La resolución marcará un precedente sobre el alcance de la “reparación integral” en delitos contra la administración pública.