Avanzan con un cepo sindical en empresas: asambleas restringidas y límites a delegados

El borrador de la reforma laboral que prepara el Gobierno nacional incluye cambios profundos en la normativa sindical, con el objetivo de regular las asambleas gremiales dentro de las empresas y reducir la estructura de representación sindical en los lugares de trabajo. Las modificaciones alcanzan aspectos centrales del sistema de relaciones laborales, como la ultraactividad de los convenios colectivos y las garantías de tutela sindical.

Según el texto preliminar, una asociación sindical legalmente reconocida podrá convocar a asambleas de personal y congresos de delegados, pero solo si no afectan el normal desarrollo de las actividades empresariales ni generan perjuicios a terceros. En caso de que la asamblea se realice dentro del establecimiento, será obligatorio contar con la autorización previa del empleador, tanto para el uso del espacio como para la duración del encuentro.

El documento agrega que una entidad sindical incurrirá en “prácticas desleales” si convoca actos que interfieran o afecten intencionalmente el funcionamiento de la empresa. Con esta cláusula, el Gobierno busca limitar las protestas en planta y los paros sorpresivos que, según las cámaras empresarias, “entorpecen la producción y afectan la competitividad”.

Otro punto que genera debate es la prohibición de elegir delegados gremiales en pymes con menos de 50 empleados, una medida que podría modificar de manera sustancial el esquema de representación sindical en miles de pequeñas empresas. Las organizaciones gremiales advierten que esto restringe derechos laborales básicos y reduce la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores.

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En materia de representación, la iniciativa fija un número máximo de delegados:

De 50 a 100 trabajadores: 1 representante.

De 101 a 200: 2 representantes.

A partir de 201 empleados, se agrega un delegado por cada 100 adicionales.

Además, si la representación supera los tres delegados, el cuerpo deberá funcionar de forma colegiada, con decisiones colectivas según lo establezcan los estatutos sindicales.

El proyecto también redefine el crédito de horas gremiales, estableciendo que no podrá implicar la interrupción de actividades productivas, y que la retribución será determinada en la convención colectiva. En la práctica, esto significa que los delegados ya no podrán ausentarse sin coordinación previa con el empleador, limitando su margen de acción.

Respecto a la tutela sindical, se mantienen los principios de estabilidad durante el mandato y por un año posterior, pero con nuevas restricciones. Solo los delegados titulares elegidos legalmente conservarán la protección contra despidos o sanciones; los suplentes y congresales quedarán excluidos.

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Además, la norma habilita a los empleadores a solicitar judicialmente la suspensión de un representante dentro de los cinco días hábiles, si su presencia “pudiera ocasionar peligro para la seguridad de personas o bienes”. Esta medida cautelar exprés busca evitar, según el Gobierno, “abusos de poder o situaciones de conflicto interno”.

Otro eje relevante es la modificación del principio de ultraactividad, es decir, la vigencia de los convenios colectivos una vez vencidos. El borrador establece que solo seguirán en pie las cláusulas referidas a condiciones de trabajo, mientras que las cláusulas económicas y obligacionales —como aportes o beneficios especiales— caducarán salvo acuerdo o prórroga oficial.

En este sentido, la Secretaría de Trabajo deberá convocar dentro del año siguiente a la promulgación de la ley a las partes legitimadas para negociar o ratificar las cláusulas vencidas, lo que abre una ventana de renegociación general del sistema de convenios en Argentina.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a modernizar las relaciones laborales y a dar previsibilidad a las empresas, mientras que sectores sindicales y de la oposición advierten que se trata de un retroceso en derechos colectivos y libertades gremiales.

El borrador sigue en etapa de revisión y podría sufrir ajustes en su redacción final, en especial tras las conversaciones que el Ejecutivo mantiene con gobernadores y legisladores aliados. Sin embargo, el rumbo está claro: el nuevo esquema sindical limitará la actividad gremial en las empresas, reforzando el control patronal sobre el funcionamiento interno de los establecimientos.