Una compleja red política y judicial envuelve el caso por violencia de género contra Alberto Fernández
Actualidad17/11/2025
REDACCIÓN
Alberto y fabiola de espaldas en la corte foto ilustrativa generada por LA17
El caso judicial que involucra a Alberto Fernández atraviesa una etapa cargada de movimientos políticos, disputas de competencia y decisiones que pueden alterar su rumbo procesal. El expediente por violencia de género, que ya tiene un procesamiento confirmado, quedó rodeado de maniobras para modificar su jurisdicción y revisar decisiones previas, una estrategia que abrió un nuevo capítulo en la escena nacional.
El escenario actual tomó forma meses atrás, cuando en el ámbito porteño comenzaron actuaciones paralelas vinculadas a denuncias cruzadas entre el expresidente y Fabiola Yañez. En esa instancia, la justicia de la Ciudad avanzó con medidas que incluyeron restricciones de contacto y la apertura de una causa por amenazas, lo que generó un marco propicio para intentar unificar procesos bajo un mismo fuero.
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Sobre ese entramado judicial gravitan figuras de peso dentro del sistema político. Operadores históricos del ámbito porteño encontraron en la causa un punto de confluencia, mientras se buscaba desplazar el expediente federal hacia tribunales más afines a esos intereses. La intervención de distintos actores con roles formales e informales sumó capas de complejidad en un momento clave del proceso.
En paralelo, la situación de los abogados que representaron a Yañez en Comodoro Py incorporó un matiz inesperado. La ruptura entre la exprimera dama y su defensa generó un vacío estratégico, justo cuando el expediente federal avanzaba hacia su posible elevación a juicio, una etapa que ya cuenta con el pedido del Ministerio Público Fiscal.
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La confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Federal de Casación fue uno de los hitos que marcó el curso del expediente. En la misma resolución, el tribunal apartó al juez que llevaba adelante la causa, lo que derivó en el sorteo de un nuevo magistrado. La llegada del expediente al juzgado de Daniel Rafecas abrió interrogantes, debido al vínculo que lo une desde hace años con el expresidente, quien incluso lo propuso como candidato a Procurador General.
La presión para que el nuevo juez revise el tramo instruido en el juzgado anterior genera preocupación entre especialistas, ya que la defensa planteó la anulación de resoluciones que habían sido validadas por tribunales superiores, un punto que todavía espera respuesta formal. La definición puede impactar en la continuidad del proceso y en el calendario previsto para su eventual elevación a juicio oral.
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El episodio más reciente surgió en el fuero contravencional porteño, donde la Cámara Penal de la Ciudad resolvió que las causas vinculadas al conflicto familiar deben unificarse, pese a que ese debate ya había sido saldado. La decisión agregó incertidumbre y deja ahora en manos de Rafecas la responsabilidad de pronunciarse sobre el pedido de acumulación jurisdiccional.
Si el magistrado rechaza el traspaso, será la Corte Suprema quien defina el destino final del expediente, que figura entre los temas pendientes del máximo tribunal. En ese escenario, la causa inicia una etapa en la que cada decisión puede alterar el recorrido judicial del expresidente.
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Mientras tanto, la situación personal de Yañez también volvió al plano público. Su regreso repentino a la Argentina, la pérdida de su permiso de residencia en España y un episodio de robo no denunciado añadieron elementos que profundizan la incertidumbre en torno a los hechos que rodean el caso.
En este contexto, la combinación de disputas políticas, maniobras jurídicas y decisiones pendientes coloca al expediente en un punto crítico. Las próximas resoluciones serán determinantes para definir si la causa avanza hacia el juicio oral o si se reconfigura su recorrido procesal en la justicia porteña, en un escenario de fuerte tensión entre los distintos actores involucrados.
Fuente: Diario Clarín
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