La Comisión apunta a Milei por maniobra con $LIBRA y alerta por un ardid que golpeó a miles
19/11/2025
Sergio Bustos
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados presentó un informe que sacude el tablero político. “Los hechos serían compatibles con una presunta estafa (art. 172 CP)”, señala el documento, y afirma que el Presidente brindó una colaboración indispensable para la maniobra vinculada a la criptomoneda $LIBRA.
El texto detalla que “se verificó que el Presidente difundió un número de contrato relacionado con $LIBRA que no era de acceso público”, un dato que nunca recibió una explicación oficial. Esa acción refuerza la hipótesis de un vínculo anticipado con los creadores del token.
El dictamen describe un esquema basado en “ardid y engaño”. Según la investigación, “Javier Milei promocionó esta moneda digital como herramienta de inversión, cuando en realidad se trataría de una memecoin preparada para un rug pull”, lo que derivó en pérdidas masivas para pequeños inversores.
Las cifras expresan el impacto. El informe contabiliza 114.410 billeteras afectadas, con 498 usuarios que perdieron más de u$s100.000 y otros 3.144 con pérdidas de entre u$s10.000 y u$s100.000. Solo 36 inversores superaron el millón de dólares en ganancias, una diferencia que expone una asimetría marcada.
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Las declaraciones del propio Presidente quedaron desmentidas. Milei sostuvo que “no habrían sido más de cinco argentinos” los que operaron con $LIBRA, pero Ripio informó que solo en su plataforma se registraron 1.329 usuarios locales. La magnitud real supera por lejos esa afirmación.
El informe también remarca una ausencia total de control estatal. Testimonios del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sostienen que no hubo verificación previa sobre $LIBRA, lo que generó un vacío absoluto en una operatoria de riesgo.
La Comisión advierte un patrón repetido en otras maniobras financieras irregulares. Casos como $KIP, CoinX y Vulcano muestran nombres que vuelven a aparecer: Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El análisis de la blockchain y reportes de exchanges internacionales confirman vínculos económicos entre Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, junto a movimientos de fondos que coinciden con etapas críticas de la operatoria.
En el caso de $KIP, la evidencia indica que Terrones Godoy recibió tokens, los cambió por USDT y transfirió parte del dinero a Novelli. La imagen del Presidente se utilizó para impulsar el lanzamiento, con reuniones y fotos públicas antes de la caída abrupta del valor.
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Uno de los pasajes más contundentes del informe sostiene que “la reiteración de episodios torna plausible la hipótesis de que existió una voluntad deliberada de evadir controles institucionales”. También señala que hubo transferencias por u$s300.000 en noviembre de 2024 y u$s250.000 en enero de 2025, asociadas a un presunto acuerdo para monetizar la figura presidencial.
La dimensión internacional del caso sumó otro capítulo. Una resolución de octubre de 2025, firmada por la jueza Jennifer Rochon en Nueva York, indicó que los fondos obtenidos con $LIBRA podrían tener como titulares a Javier y Karina Milei, lo que amplía el alcance de las responsabilidades.
El informe no esquiva lo político: “Debido a la alta gravedad institucional y la presunta malversación de la investidura presidencial, la Comisión señaló que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política”. Por eso, recomendó al Congreso evaluar si hubo mal desempeño en el ejercicio de la función pública.
El dictamen también propone denunciar penalmente a los funcionarios del Ejecutivo que se negaron a colaborar y que, según el texto, entorpecieron las facultades constitucionales de la investigación. Lo mismo ocurrirá con miembros del Poder Judicial que rechazaron aportar información.
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La Comisión resolvió presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema contra la decisión que impidió citar a testimoniar a funcionarios del Ejecutivo. Además, remitió toda la documentación al juzgado que lleva adelante la causa $LIBRA.
El cierre del documento incluye una serie de recomendaciones para el pleno de la Cámara de Diputados, que deberá decidir los próximos pasos en un caso que ya escaló al máximo nivel institucional.
