El acuerdo con EEUU reavivó tensiones por patentes y abrió un debate sobre el futuro del sector farmacéutico

La industria farmacéutica volvió a quedar en el centro de una discusión compleja luego de que Estados Unidos difundiera los lineamientos generales del acuerdo comercial firmado con la Argentina. El capítulo vinculado a patentes y propiedad intelectual abrió un escenario de incertidumbre, ya que las obligaciones informadas por Washington incluyen criterios de patentabilidad, revisión de demoras y alineamiento con estándares internacionales. Las cámaras empresarias optaron por esperar la letra chica, mientras analistas y economistas dieron lugar a un debate marcado por advertencias cruzadas.

En los documentos preliminares, la Casa Blanca destacó que Argentina dará acceso preferencial a medicamentos estadounidenses y que Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos para productos no patentados. El entendimiento incorpora además un punto sensible para la industria local: el reconocimiento automático de certificaciones emitidas por organismos estadounidenses, lo que elimina la revalidación que realizaba la ANMAT. Mientras las empresas analizan el impacto regulatorio de este cambio, especialistas del sector interpretan que puede modificar el equilibrio competitivo del mercado.

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Uno de los aspectos que más controversia generó fue la referencia al informe Especial 301 de 2025, donde Estados Unidos había señalado deficiencias relacionadas con patentabilidad e indicaciones geográficas. Desde Washington afirmaron que Argentina “asumió el compromiso de abordar desafíos estructurales” y avanzar hacia un régimen alineado con estándares internacionales. La discusión quedó concentrada en las patentes secundarias, figura que el sector internacional defiende como instrumento de innovación y que el sector local cuestiona por considerarla una vía para extender exclusividades.

La especialista Sonia Tarragona explicó que “es muy frecuente en el mundo que laboratorios soliciten patentes sobre modificaciones menores de un principio activo ya conocido”, práctica conocida como evergreening. Según detalló, “se trata de una estrategia legal que usan para extender artificialmente los 20 años de protección del producto original”, lo que en su opinión constituye un riesgo para el acceso a tratamientos. Para Tarragona, “la política argentina de patentes ha sido un instrumento exitoso” y un freno al abuso monopólico en medicamentos de alto consumo.

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Desde una mirada diferente, la economista Jimena Ferraro sostuvo que “los intentos de ampliar la patentabilidad de ciertas patentes secundarias son una estrategia de la industria para recuperar protección”, aunque consideró que el fenómeno no responde exclusivamente al lobby extranjero. Afirmó que el escenario argentino muestra tensiones internas entre intereses empresariales y estrategias regulatorias, con efectos divergentes sobre innovación y competencia.

Un estudio reciente de FIEL agregó evidencia al debate al estimar que, si no se hubiesen rechazado patentes secundarias, los precios promedio entre 2021 y 2023 habrían sido un 139% más altos, lo que habría generado un sobrecosto anual cercano a USD 2.214 millones. La Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares también señaló que “las empresas creadoras de medicamentos utilizan indebidamente el sistema de patentes para extender el monopolio”, con efectos directos sobre precios y acceso.4

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En este contexto, Martín Alfie advirtió que “siempre es necesario actualizar marcos regulatorios, pero con cuidado, para que no sean regresivos para nuestro país”. El economista remarcó que la industria local cuenta con capacidad tecnológica, peso exportador y trayectoria en producción de vacunas y medicamentos biotecnológicos, por lo que relajar estándares podría limitar la fabricación nacional de similares, sector que abastece alrededor del 80% del mercado.

Las cámaras que representan a la industria adoptaron una postura más prudente y optaron por no fijar opinión hasta conocer el texto final del acuerdo. Desde CILFA remarcaron la eficiencia del sector local y pidieron “una regulación balanceada”, mientras que CAEME, que agrupa a laboratorios extranjeros, evitó pronunciarse antes de que el Gobierno oficialice los alcances del entendimiento.

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En medio de estas posiciones contrapuestas, crecen las advertencias sobre un posible ingreso masivo de medicamentos importados y sobre el riesgo de que la industria local pierda competitividad en áreas donde consolidó capacidades productivas. 

Fuente: Ámbito.