Cómo funcionará la ordenanza para identificar y reactivar terrenos baldíos y obras paralizadas

La Municipalidad de Trelew envió al Legislativo una ordenanza para regularizar inmuebles baldíos, edificaciones abandonadas y obras detenidas, con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano y reducir situaciones de insalubridad e inseguridad, según explicó la concejal Claudia Solís en una entrevista con el programa “El Quinto Poder” por #LA17.

Durante la charla, Solís remarcó que “hay un estado de proliferación de terrenos baldíos y construcciones paralizadas”, lo que genera problemas sanitarios y riesgos para los vecinos. La concejal señaló que muchas de esas estructuras sin mantenimiento funcionan como focos de aves, roedores o murciélagos y, al mismo tiempo, deterioran el entorno urbano en zonas centrales y barrios aledaños.

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El proyecto incorpora la creación de un registro público que incluirá inmuebles vacíos, edificaciones ruinosas o construcciones sin finalizar. Solís explicó que “una vez notificado el propietario, tiene dos años para presentar un proyecto ante la Dirección de Obras”, y añadió que la ejecución deberá comenzar dentro del año siguiente a la aprobación. Según detalló, el plazo máximo para concluir la obra será de cuatro años desde la inclusión del inmueble en el registro.

Además de los plazos administrativos, la ordenanza fija sanciones económicas para quienes incumplan. La concejal informó que “se aplicará un gravamen especial durante cinco años, con un aumento anual del cincuenta por ciento de la tasa vigente”, una medida que busca desalentar la especulación inmobiliaria y promover el uso racional del suelo.

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El relevamiento inicial realizado por el área de Planeamiento ya detectó una cantidad significativa de casos. Solís indicó que “solo en la zona céntrica hay alrededor de cincuenta y siete inmuebles en estas categorías”, entre terrenos vacíos, construcciones ruinosas y obras paralizadas desde hace años. Algunas de ellas llevan décadas sin avances y representan un obstáculo para la planificación urbana.

La concejal señaló que la situación también afecta la recaudación municipal, ya que “un terreno baldío paga el doble de impuestos”, y advirtió que la falta de avances multiplica costos para la ciudad y para los propios propietarios. Asimismo, destacó que varios edificios emblemáticos se encuentran en estado crítico y que existen empresarios interesados en recuperarlos, pero que las condiciones legales actuales dificultan ese proceso.

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Uno de los puntos que más atención generó fue el artículo que habilita la expropiación en casos extremos. Solís aclaró que “ese es el último paso, después de un proceso que puede extenderse casi diez años”, y sostuvo que la figura solo aplicaría cuando exista incumplimiento reiterado de todos los plazos y sanciones previstas.

La iniciativa contempla la posibilidad de que propietarios, inversores o terceros interesados presenten proyectos para terminar obras, siempre en coordinación con el Ejecutivo. Según Solís, “han habido empresarios que quisieron invertir y comprar lugares que están ruinosos”, lo que abre una oportunidad para recuperar espacios degradados y generar actividad económica.

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Antes de cerrar la entrevista, la concejal resumió el espíritu de la normativa y afirmó que “la idea es activar la ciudad, poner en valor obras y desalentar las especulaciones”, al considerar que la recuperación de esos inmuebles puede impulsar empleo y mejorar la convivencia urbana.