
La familia de Lucio Dupuy exige que la ley se aplique de manera efectiva en todo el país
Actualidad26/11/2025
REDACCIÓN
A cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, la causa volvió a tomar fuerza pública con un reclamo que gira en torno al cumplimiento efectivo de la normativa aprobada tras el homicidio. La familia del niño reiteró que la Ley Lucio debe aplicarse en todos los ámbitos vinculados a la protección de infancias, al considerar que subsisten fallas estructurales en la detección temprana de situaciones de violencia. El caso había generado una fuerte conmoción social al exponer omisiones de organismos estatales que intervinieron antes del asesinato.


El hecho ocurrido en Santa Rosa tuvo como responsables a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez, quienes cumplen prisión perpetua desde hace dos años tras la sentencia dictada por el homicidio. La Justicia concluyó que el menor sufrió agresiones sostenidas que derivaron en su muerte, un escenario que dejó en evidencia consultas previas en centros de salud donde se registraron lesiones que no activaron protocolos de protección.
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En los últimos días, el padre del niño, Christian Dupuy, volvió a expresar su posición pública al sostener que “sigue reclamando justicia” y recordar el impacto emocional del caso. El entorno familiar remarcó que las instituciones tuvieron oportunidades previas para detectar el riesgo, un argumento que sostiene las causas abiertas por presunto incumplimiento de deberes de funcionarias y profesionales que mantuvieron contacto con el menor antes del crimen.
La Ley Lucio, aprobada en 2023, establece la capacitación obligatoria de quienes trabajan con infancias, la mejora de los circuitos de denuncia y la coordinación entre niveles provincial y nacional. El objetivo fue crear un sistema más sensible ante signos de violencia, con procedimientos claros para actuar ante cada alerta. Sin embargo, desde el entorno del niño señalaron que la implementación avanza de forma desigual y que “la aplicación real todavía es insuficiente”.
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En paralelo, el expediente judicial vinculado a responsabilidades institucionales continúa en trámite. Las actuaciones analizan el rol de profesionales que evaluaron lesiones previas del menor y que no derivaron en intervenciones más profundas. Para la familia, ese tramo de la investigación es indispensable para dimensionar el alcance del caso y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
Fuente: NA.





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