Detuvieron a diez guardias mujeres por agredir a un preso trans en la cárcel

Diez guardias mujeres fueron detenidas luego de que un preso trans denunciara haber sido agredido dentro del Complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba, en un episodio ocurrido el 23 de noviembre que generó una reacción inmediata del Ministerio Público Fiscal y un trabajo coordinado entre distintas áreas judiciales. La denuncia detalló que el interno sufrió maltrato psicológico y físico, lo que impulsó una serie de medidas que desembocaron en la imputación formal de las agentes.

El hecho tuvo lugar en el Establecimiento Penitenciario 3, donde la víctima relató que fue atacada por las guardias durante una intervención que aún no fue explicada por las autoridades del penal. Desde el Servicio Penitenciario provincial se inició una investigación preliminar luego de recibida la denuncia, y el caso pasó rápidamente a la órbita judicial para su tratamiento formal. La fiscal Carolina Funes ordenó revisar las cámaras internas del penal, un paso que resultó clave para determinar responsabilidades.

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Tras el análisis del material fílmico, el expediente quedó en manos del fiscal de Instrucción José Mana, quien solicitó la detención de las implicadas. Las diez guardias fueron imputadas por “apremios ilegales y severidades”, una figura que contempla castigos o tratos abusivos a personas privadas de libertad. La acusación se fundamenta en los registros audiovisuales y en el testimonio del denunciante, que describió un episodio de violencia directo y sin justificación.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la víctima es una mujer que se autopercibe varón, una aclaración que forma parte del expediente judicial y que incorpora la perspectiva de identidad de género en el abordaje del caso. Este punto también será evaluado en el marco de los protocolos penitenciarios y las obligaciones del Estado respecto de las personas trans privadas de libertad, un aspecto que suele generar tensiones en ámbitos carcelarios.

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El caso despertó preocupación en el entorno judicial y abrió un debate sobre las condiciones de custodia, los mecanismos internos de control y la formación del personal penitenciario. La investigación continuará con nuevas declaraciones y pericias, mientras las autoridades buscan determinar si existieron antecedentes, fallas en los protocolos o responsabilidades jerárquicas que hayan favorecido la situación de violencia.

Fuente: N A