Nueve imputados por la violenta agresión a un árbitro en un partido de la Liga del Valle

La Fiscalía de Puerto Madryn avanzó este jueves en una causa que conmocionó al fútbol del Valle. El fiscal Alex Williams, junto a la funcionaria Natalia González, presentó el pedido de apertura de investigación y formuló cargos contra nueve integrantes del Club Defensores de La Ribera, señalados por su presunta participación en la agresión que sufrió el árbitro Lautaro Carro después de un partido disputado en la cancha de J.J. Moreno.

El ataque ocurrió al finalizar el encuentro. Según el planteo judicial, dos jugadores persiguieron al árbitro, lo acorralaron contra el banco de suplentes y comenzaron a golpearlo, lo que generó una situación de extrema tensión en el sector local. Esa primera acometida derivó en un escenario más caótico cuando otros futbolistas del mismo club se sumaron a la golpiza con patadas y nuevos ataques.

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Las consecuencias fueron inmediatas. El informe médico constató múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo de Carro, quien necesitó la intervención urgente del personal policial asignado al operativo de prevención. Los efectivos debieron aplicar un protocolo antitumultos para sacarlo del lugar y evitar un daño aún mayor en medio de la confusión.

Mientras el personal intentaba proteger al árbitro, uno de los jugadores arrojó una botella contra los efectivos e insultó al juez, lo que agravó el cuadro general. Al mismo tiempo, un preparador físico de la institución rawsense lanzó amenazas, situación que quedó asentada en el informe oficial incorporado al expediente.

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La Fiscalía identificó a ocho jugadores y a un preparador físico como presuntos responsables: Jonathan Catalán, Cristian Ibañez, Agustín y Martín Proboste, Lucas, Cristian y Jonathan Salinas, Milton Bottaro y Nicolás Chávez. Todos fueron imputados por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, amenazas y resistencia a la autoridad agravada.

La actuación fiscal se sustenta en la Ley 23.184 de Espectáculos Deportivos, normativa que incorpora agravantes para hechos de violencia en el marco de actividades deportivas, con el fin de desalentar conductas que pongan en riesgo la integridad física de jugadores, árbitros y público.

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La causa tendrá ahora un nuevo capítulo. La audiencia de apertura de investigación fue fijada para el 4 de febrero, instancia en la que la Fiscalía formalizará los cargos ante los imputados y la jueza Patricia Reyes. Desde ese momento comenzará a correr un plazo de seis meses para reunir pruebas, tomar testimonios y definir si el caso avanza hacia una acusación formal y una eventual elevación a juicio.