El Gobierno acelera el debate por Inocencia Fiscal y apunta a votarlo junto al Presupuesto

El Gobierno buscará dar un salto político en las sesiones extraordinarias que comienzan la próxima semana. La Libertad Avanza quiere avanzar en simultáneo con el debate del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, una herramienta que, según fuentes legislativas, apunta a incentivar que el dinero no registrado vuelva a circular en la economía real.

La iniciativa llegó a Diputados en junio, pero nunca tuvo tratamiento. Con la nueva conformación del cuerpo, el oficialismo pretende aprovechar la mayoría en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal para firmar dictamen entre jueves y viernes, lo que habilitaría su discusión en el recinto el martes 16, junto al paquete de gastos y recursos.

En el Ejecutivo ven el proyecto como un mecanismo para desactivar la desconfianza de miles de contribuyentes. “El objetivo es dar certezas a quienes quieran regularizar su situación sin temor a persecuciones”, explicaron desde el oficialismo. El texto modifica reglas de actuación de ARCA y propone un cambio profundo: no habrá intervención judicial si el contribuyente paga su deuda y sus intereses.

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Uno de los puntos más comentados es la actualización de los montos que obligan a investigar por evasión. El piso para considerar evasión simple salta de $1.500.000 a $100.000 millones, mientras que para evasión agravada sube a $1.000 millones. La reforma también reduce de cinco a tres años la prescripción de obligaciones tributarias y permite ampliar el patrimonio sin necesidad de justificar su origen, siempre que se cumplan las obligaciones vigentes.

El proyecto además crea un Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir quienes tengan un patrimonio de hasta $10.000 millones. “Los contribuyentes quedarán blindados para siempre”, detalla el texto, que prevé que no deban informar variaciones patrimoniales ni justificar consumos. ARCA cobrará el impuesto sobre ingresos facturados y nada más.

En materia sancionatoria, el mayor endurecimiento aparece en la falta de presentación de declaraciones juradas: las multas subirán a un rango de $250.000 a $400.000. En cambio, cuando la deuda sea cancelada antes de que exista una denuncia penal, la imputación quedará extinguida con un pago adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles.

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Otro bloque del proyecto apunta a la coordinación federal: unifica los plazos de prescripción tributaria en provincias, municipios y CABA bajo la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, y reduce a cinco años la prescripción en seguridad social y obras sociales.

Mientras el oficialismo acelera los tiempos, en el Congreso ya se anticipa un debate denso y dividido. Pero el Gobierno quiere que ambas iniciativas —Presupuesto e Inocencia Fiscal— avancen como un paquete político clave para cerrar el año parlamentario.