Funcionarios pidieron la renuncia de Villarruel en medio del cruce por la Ley Malvinas

Santilli, Bullrich y Quirno acusaron a la vicepresidenta de desestabilizar al Gobierno, en medio de la tensión por su crítica al freno de una ley sobre soberanía.

En el último mes, funcionarios como Diego Santilli, Patricia Bullrich y Pablo Quirno reclamaron la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusaron de intentar desestabilizar la administración nacional. Esas críticas se produjeron después de que Villarruel cuestionara al Presidente y aludiera a “persecuciones imaginarias”, agregando tensión a la interna oficialista.

En ese marco, el freno al proyecto de la denominada Ley Malvinas sumó un nuevo capítulo a la disputa entre la vicepresidenta y el Gobierno nacional. Villarruel publicó un mensaje en redes sociales que cuestionó el impulso oficial a la iniciativa y puso el foco en la distancia entre las declaraciones políticas y las decisiones concretas.

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Al responder a un usuario en la red social X que preguntó si el respaldo oficial al proyecto había sido “humo”, la vicepresidenta escribió: «Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba (hechos, no palabras)». La expresión latina fue utilizada para contraponer las acciones concretas con los discursos públicos, aunque no dio detalles sobre el futuro de la propuesta.

Este episodio se inscribe en una confrontación política que lleva casi dos años entre Villarruel y el presidente Javier Milei. Las diferencias entre ambos se profundizaron con cuestionamientos públicos y posiciones enfrentadas dentro del oficialismo, en una relación marcada por la falta de sintonía política.

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El proyecto de ley en disputa busca establecer un marco legislativo relacionado con la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Su tratamiento, sin embargo, quedó detenido en la Cámara de Diputados y no ha podido continuar su recorrido legislativo debido a la falta de acuerdos parlamentarios.

La paralización de la iniciativa responde a una combinación de factores políticos y diplomáticos que impiden su avance. Según la información disponible, las presiones de Estados Unidos y la falta de consenso con bloques aliados incidieron directamente en que el tratamiento legislativo quedara congelado.

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