En Bariloche vetaron la ordenanza sobre aplicaciones de transporte y reabre la disputa por su regulación

El funcionamiento de las aplicaciones de transporte privado volvió a quedar en el centro del debate en Bariloche luego de que el intendente Walter Cortés vetara gran parte de la ordenanza destinada a regular plataformas como Uber y Cabify. El jefe comunal advirtió múltiples inconsistencias en la norma y frenó su promulgación con una Resolución firmada este viernes.

La ordenanza había sido aprobada por mayoría en noviembre, pese al rechazo del oficialismo. Establecía un marco para ordenar la actividad “punto a punto” dentro del ejido municipal y buscaba fijar requisitos para garantizar seguridad y condiciones equitativas respecto a otros servicios de traslado. Cortés sostuvo que la intención era razonable, pero que la redacción final introducía problemas legales y administrativos.

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Entre los puntos cuestionados, el intendente señaló que la norma duplicaba requisitos ya reglamentados por el Ejecutivo y que varios artículos excedían las competencias del Municipio al imponer restricciones injustificadas. También objetó la creación de órganos y registros sin definición operativa, sin previsión presupuestaria y sin claridad sobre la autoridad responsable. Esa falta de precisión, afirmó, generaba inseguridad jurídica.

El veto alcanzó artículos que fijaban limitaciones estrictas para los vehículos autorizados y un cupo máximo de 280 inscriptos en el Revecoop, número que no se sustentaba en estudios técnicos ni en la demanda real del servicio. Cortés calificó ese límite como discrecional y advirtió que podía restringir el acceso a la actividad sin justificación. También criticó que el registro carecía de criterios definidos y que exigía requisitos permanentes que podían derivar en bajas automáticas.

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El intendente cuestionó además la asimetría entre los roles previstos para la comisión veedora y los del Revecoop, cuyo funcionamiento aparecía indefinido. Señaló que algunos artículos otorgaban facultades excesivas a organismos consultivos y establecían mecanismos de control sin detallar procedimientos ni consecuencias ante incumplimientos. A su vez, consideró desproporcionadas las sanciones patrimoniales previstas en la norma, que podían rozar la confiscación, algo prohibido por la Constitución Nacional.

Con el veto parcial ya formalizado, el Concejo Municipal deberá decidir si acepta las observaciones del Ejecutivo o si insiste con el texto original. Para mantener la redacción aprobada en noviembre, necesitará el voto de dos tercios del cuerpo. Si no alcanza esa mayoría, la ordenanza no podrá volver a tratarse hasta dentro de seis meses, según establece la Carta Orgánica Municipal.

El futuro de la regulación en Bariloche vuelve así a quedar en suspenso, mientras continúa la discusión sobre cómo ordenar un servicio cada vez más utilizado y a la vez más cuestionado en la ciudad patagónica.