El monotributista que movió $87.000 millones queda en la mira por la causa Sur Finanzas

Policiales08/12/2025

Sur finanzas

La causa por presunto lavado de dinero que envuelve a Sur Finanzas sumó un capítulo inesperado con la aparición del nombre de Ignacio M., un joven que cumplirá 32 años y cuyo perfil público desapareció de las redes tras conocerse el expediente. Su figura quedó expuesta cuando los registros oficiales confirmaron que, pese a estar inscripto como monotributista categoría D y declarar un domicilio humilde en el conurbano, movió $87.000 millones a través de billeteras virtuales, una cifra que representa más del 70% de los fondos investigados en ese tramo del caso.

La vivienda donde figura domiciliado muestra un estado inconcluso que contrasta con otro dato que llamó la atención de los investigadores: este año adquirió un BMW M240i valuado en $98.480.000. Las autoridades buscan establecer el origen de los recursos que permitieron esa compra, ya que la facturación que declaró ante ARCA en 2024 asciende a apenas $4.937.394, muy lejos de los montos que hizo circular mediante operaciones electrónicas.

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Ignacio M. se describe como trader, aunque sus antecedentes laborales muestran trabajos anteriores en tiendas de indumentaria deportiva en La Plata. A partir de 2020 se registró como prestador de servicios de asesoría financiera. Sin embargo, los registros indican que recibió facturas por más de $230 millones, provenientes tanto de Sur Finanzas como de QBIT Capitals. Esa diferencia entre ingresos declarados y movimientos registrados quedó bajo análisis de los peritos de la AFIP y del juzgado correspondiente.

Su caso integra una lista más amplia que coloca bajo la lupa a otros tres monotributistas. Entre ellos se destaca Brian A., con ingresos en efectivo por $390 millones y transferencias que superaron los $10.000 millones, y Emilio V., categoría A, quien habría manejado alrededor de $14.500 millones mediante billeteras virtuales. También figura Alejo A. O., de categoría C, con movimientos cercanos a los $9.800 millones en apenas seis meses.

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La denuncia presentada por la DGI motivó una intervención inmediata del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, para determinar si Sur Finanzas actuó como vehículo de lavado por montos que podrían llegar a $818.000 millones desde su creación hace menos de cuatro años. En ese marco, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó allanamientos en las oficinas de la firma en Adrogué, en todas sus sucursales y en el club Banfield, además del congelamiento de sus cuentas bancarias.

En medio de las medidas judiciales, Maximiliano Ariel Vallejo, vicepresidente de Sur Finanzas y figura cercana a Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó en el juzgado y entregó su teléfono celular, “junto con su clave y encendido”, según fuentes del expediente. La misma dinámica se repitió con el aparato de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, presidenta formal de la financiera, también mencionada en la causa. Ambos dispositivos quedaron bajo peritaje para recuperar información que aporte al avance de la investigación.

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La esposa de Vallejo, María Fernanda Sena Argis, directora titular de la firma, también está mencionada en los documentos analizados por la Justicia. Mientras tanto, el juzgado continúa recibiendo reportes de entidades financieras y plataformas virtuales para determinar si los movimientos atribuidos a los monotributistas investigados responden a un esquema organizado o a maniobras individuales.

El volumen de dinero involucrado y la rapidez con la que se multiplicaron las operaciones mantienen el foco sobre el rol de Sur Finanzas en cada transacción. La Justicia busca reconstruir cómo se estructuró el circuito que permitió que personas inscriptas en categorías impositivas bajas movieran montos millonarios durante períodos breves, en una operatoria que despertó sospechas desde el primer informe técnico de la DGI.