El proyecto de ley de Estabilidad Fiscal propone controles estrictos y penas de prisión por gasto irregular

El proyecto de “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria” ingresó en debate público con una estructura que busca ordenar el funcionamiento financiero del Estado y limitar la capacidad de las jurisdicciones para ampliar gastos sin respaldo. La propuesta, elaborada en el ámbito del Consejo de Mayo, expone mecanismos que apuntan a garantizar un equilibrio permanente entre ingresos y erogaciones, tanto en el gobierno central como en provincias y municipios. El texto incorpora disposiciones de cumplimiento obligatorio, orientadas a impedir que el resultado fiscal quede comprometido por decisiones administrativas que exceden lo autorizado en el presupuesto anual.

Dentro del articulado se establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional debe proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario, una condición que elimina la posibilidad de aprobar una ley de presupuesto que contemple déficit. La propuesta también incorpora un mecanismo específico de corrección ante situaciones en las que los ingresos previstos disminuyan o los gastos superen lo estimado. En ese caso, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá “adoptar las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio”, luego de presentar un Informe de Sustentabilidad Fiscal que justifique las acciones a realizar.

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El proyecto detalla que ninguna repartición podrá asumir compromisos de pago ni modificar partidas sin los recursos acreditados, lo que constituye un límite directo para decisiones que impacten sobre el gasto corriente. También determina que el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de solicitar adelantos transitorios al Banco Central con el fin de financiar el gasto primario, lo que representa un freno explícito al uso de asistencia monetaria en situaciones de presión presupuestaria. El texto aclara que las adecuaciones se aplicarán primero en partidas sin montos mínimos establecidos por ley.

Otra de las modificaciones previstas apunta a la actividad legislativa. Toda iniciativa que implique gastos, cambios en la asignación de recursos o alteraciones en el esquema financiero deberá contar con un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, un requisito indispensable antes del tratamiento en comisión. El documento deberá contener la estimación fiscal correspondiente y la fuente concreta de financiamiento o la reducción de partidas necesaria para sostener la regla de equilibrio. A esto se suma la figura de la “Vigencia Diferida”, que pospone la aplicación de cualquier ley de gasto hasta que sus partidas sean incorporadas en el presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que ya cuente con recursos específicos suficientes.

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El proyecto introduce un capítulo destinado a sanciones, con efectos administrativos y penales. La norma indica que cualquier disposición adoptada en violación de estas reglas será nula de nulidad absoluta e insanable, lo que impide su aplicación o continuidad. En el plano penal, la iniciativa propone incorporar al Código Penal la figura del funcionario que incremente o modifique gastos públicos sin recursos acreditados, con una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta, según recoge el texto. Esta penalidad apunta a conductas que alteren el Presupuesto General de la Administración Nacional sin sustento financiero comprobado.

También se proyecta incorporar una sanción específica para funcionarios del Banco Central, contemplando una pena de tres a diez años de prisión e inhabilitación absoluta para quienes ordenen, autoricen o ejecuten emisión monetaria en contradicción con las reglas previstas en la Carta Orgánica. Esta disposición busca condicionar decisiones que aumenten la base monetaria sin respetar las limitaciones legales establecidas por el ente rector.

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La iniciativa presentada refleja un marco regulatorio más estricto para las cuentas públicas, con instancias de control que abarcan todos los niveles del Estado y con penalidades dirigidas a impedir acciones que comprometan los recursos disponibles. El texto define un esquema que combina normas de equilibrio, requisitos formales y límites operativos que buscan ordenar la ejecución presupuestaria y prevenir desvíos que afecten la estabilidad fiscal. La propuesta seguirá su curso institucional mientras se discuten los alcances de cada una de sus disposiciones.

Fuente: NA.