El Gobierno impulsa una reforma educativa que redefine roles, modalidades y exigencias en todo el sistema

El Gobierno presentó los lineamientos de la Ley de Libertad Educativa, un proyecto que pretende reconfigurar el funcionamiento del sistema en todos sus niveles y que integra la agenda que el Ejecutivo buscará llevar al Congreso desde marzo de 2026. La propuesta introduce un enfoque centrado en la autonomía pedagógica de las instituciones y en el “rol preferente de las familias”, lo que marca un cambio significativo respecto del esquema vigente en la educación básica.

El texto sostiene que cada institución podrá definir su plan de estudios y orientar los contenidos según su propio ideario, lo que constituye uno de los puntos que más preguntas generó entre especialistas y docentes. Al mismo tiempo, la reforma mantiene la gratuidad de la educación estatal, aunque no ratifica el carácter laico de la enseñanza, una omisión que despertó inquietudes dentro del ámbito educativo por su potencial impacto en las escuelas de gestión estatal.

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En cuanto al sector privado, la iniciativa reafirma el derecho de los establecimientos a seleccionar y remover personal siguiendo su proyecto institucional y la legislación laboral. También coloca a la familia como agente primario en la formación de los menores, mientras que el Estado queda definido como garante del derecho a enseñar y aprender, con funciones de supervisión sin reemplazar la responsabilidad parental ni la iniciativa social.

Para evaluar aprendizajes y procesos, el proyecto propone un esquema de evaluaciones estandarizadas que regirán tanto para las instituciones tradicionales como para las modalidades alternativas, entre ellas la educación en el hogar y la enseñanza en entornos virtuales o híbridos, cuya validez dependerá de la acreditación de contenidos mínimos comunes acordados a nivel nacional.

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El capítulo sobre formación docente plantea un esquema de cuatro años, con prácticas profesionales obligatorias y dos dimensiones centrales: una formación básica común y una formación especializada vinculada a contenidos de la educación obligatoria. El texto remarca que “la formación continua constituye un derecho y un deber profesional”, e incorpora el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente como organismo encargado de coordinar estas instancias.

Entre las novedades más relevantes se incluye el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario para estudiantes que finalicen ese nivel y compuesto por áreas como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades. El objetivo declarado es ofrecer un parámetro de desempeño y facilitar procesos de selección en instituciones superiores, además de detectar estudiantes de bajos ingresos con alto rendimiento académico.

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Otra modificación de peso aparece en el ingreso a la Educación Superior: el proyecto establece que los estudiantes deberán haber completado el secundario, dejando atrás la figura del alumno condicional que permitía iniciar carreras con materias pendientes. A esto se suma la obligación de que las instituciones que apliquen cursos de nivelación ofrezcan un examen de ingreso directo, lo que permitiría acceder a la carrera sin pasar por trayectos introductorios como el tradicional CBC de la Universidad de Buenos Aires.

La reforma también impulsa cambios en la regularidad académica, al indicar que cada institución deberá establecer un rendimiento mínimo que contemple la aprobación de al menos dos materias por año. Sus detractores advierten que esta exigencia podría excluir a estudiantes con trayectorias más discontinuas y disminuir la matrícula universitaria, lo que a su vez reduciría el presupuesto de las instituciones.

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El proyecto incluye, además, disposiciones vinculadas a la transparencia y el control administrativo, con auditorías externas a cargo de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano. Las universidades estatales deberán fortalecer mecanismos internos de rendición de cuentas para garantizar el uso adecuado de recursos.

En relación con las modalidades de cursada, la normativa alienta esquemas presenciales, virtuales o combinados, siempre bajo criterios de equivalencia formativa. También establece parámetros de financiamiento que distribuyen aportes estatales según matrícula, desempeño institucional e iniciativas de mejora promovidas por la Secretaría de Educación.

Fuente: NA.