Reforma laboral: el fondo que saca u$s3.000 millones de ANSES para pagar despidos

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei plantea un cambio de fondo en la forma de pagar las indemnizaciones por despido sin causa. El proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), una estructura que concentrará aportes mensuales para cubrir futuras cesantías y que, según cálculos de especialistas, desvía entre u$s2.000 y u$s4.700 millones anuales del sistema previsional hacia el sector privado.

Los FAL funcionarán como cuentas obligatorias para casi todas las actividades. Cada empresa deberá aportar todos los meses el 3% de la masa salarial bruta a estos fondos, dinero que se destinará al pago de indemnizaciones y que, mientras tanto, se invertirá en instrumentos financieros aprobados por la Comisión Nacional de Valores.

En los papeles, las firmas parecerían asumir un nuevo costo. En la práctica, ese 3% no saldrá de los bolsillos empresarios sino del sistema jubilatorio, porque el proyecto permite descontar la contribución a los FAL de las contribuciones patronales que hoy van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir: menos recursos para ANSES, más fondos para cuentas privadas de despido.

Para el abogado laboralista Gustavo Ciampa, “los FAL son las AFJP de esta época; entidades privadas manejarán recursos públicos y harán negocios con ellos”. En la Casa Rosada, en cambio, celebran que estos fondos puedan “profundizar el mercado de capitales” y abrir una nueva fuente de financiamiento financiero a partir del ahorro laboral.

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El texto que el Ejecutivo envió al Congreso establece de manera explícita que los FAL se conforman con una contribución mensual obligatoria del 3% sobre la misma base que hoy se usa para calcular las contribuciones patronales al SIPA. No se suma un nuevo aporte: se reasigna lo que antes se destinaba a la seguridad social.

El Gobierno defiende la medida como una vía para “dinamizar” el mercado laboral y reducir la incertidumbre empresarial ante los despidos, pero economistas ponen un freno a ese discurso. “Ninguna reforma laboral por sí sola crea empleo; eso lo define el nivel de actividad”, señaló el economista Juan Manuel Graña, que interpreta la jugada como una reducción de derechos, mayor discrecionalidad para las empresas y un golpe directo al financiamiento del sistema jubilatorio.

Según Graña, la transferencia desde la caja previsional hacia los FAL ronda entre u$s2.600 y u$s4.700 millones, según se tome la base de datos del SIPA o las Cuentas Nacionales. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, estima que serán entre u$s2.000 y u$s2.500 millones por año que los trabajadores resignan para que los empleadores costeen despidos.

Campos advierte que “la transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota en la creación de este fondo”. Recuerda que el proyecto también baja un punto los aportes patronales a las obras sociales, del 6% al 5%, lo que implica que “de un día para otro cambian de manos cuatro puntos de la masa salarial” entre sistema de salud y empresas.

El analista de EcoGo Luciano Patrucco aporta otra mirada posible. Sostiene que la reducción de aportes patronales busca abaratar el empleo registrado y podría ampliar la base de aportantes si logra incentivar la contratación formal. Aun así, admite que, para los nuevos contratos, el aporte destinado a jubilaciones baja de 18/20,4% a solo 5% de la base salarial, lo que deja expuesta la magnitud del recorte sobre la seguridad social.

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Graña propone un recorte mucho más acotado. Considera que un esquema de este tipo solo podría evaluarse para micropymes, con un régimen progresivo que se pierda a medida que las firmas crecen, porque extenderlo a todo el universo de empresas implica un costo “inasumible” para el sistema previsional.

Detrás de los números, también aparece la lectura política. Para Graña, el vaciamiento del sistema previsional prepara el terreno para una futura reforma jubilatoria: con un sistema desfinanciado, “el próximo paso sería decir que no alcanza y plantear el regreso a un esquema de AFJP, replicando la lógica del FAL pero ya sobre las jubilaciones”.

En ese escenario, las indemnizaciones dejarían de ser un costo directo para las empresas y pasarían a sostenerse con dinero que hoy financia jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, mientras entidades privadas administran y hacen rendir esos fondos en el mercado financiero. La discusión en el Congreso definirá si esa transferencia se convierte en política de Estado.