
La Justicia imputó a un exdiputado por uso de fondos públicos en una campaña de noticias falsas
Policiales19/12/2025
REDACCIÓN
La causa que investiga la presunta utilización de fondos públicos para difundir noticias falsas dio un giro decisivo con la imputación formal del exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada. La medida se concretó luego de un largo recorrido judicial que demoró el avance del expediente durante varios meses y que incluyó planteos, recusaciones y cambios de competencia.


Estrada, exintegrante de La Cámpora y de Unión por la Patria, quedó bajo investigación por una maniobra que habría financiado la producción y difusión de contenidos en redes sociales. Según la acusación, esos materiales vinculaban al gobierno provincial de Salta con actividades relacionadas con el narcotráfico, a través de publicaciones anónimas en TikTok.
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La imputación se formalizó en las últimas horas, pese a que la investigación llevaba tiempo en curso. Hasta ahora, el exlegislador había evitado esa instancia mediante presentaciones judiciales y ausencias reiteradas a las audiencias, aun cuando se encontraba debidamente notificado por la Justicia.
El expediente también incorporó datos sobre las visitas de Estrada a Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de San José 1111, tras la condena judicial contra la expresidenta. El exdiputado asistió al edificio de Constitución en septiembre junto a Juan Manuel Urtubey y regresó en noviembre para una reunión que derivó en la decisión judicial de limitar los encuentros de la exmandataria.
En el plano penal, el Ministerio Público Fiscal sostiene que Estrada habría instruido a asesores contratados por la Cámara de Diputados de la Nación para la creación de videos con “contenidos dudosos”, difundidos desde cuentas que ocultaban la identidad de sus responsables. El fiscal remarcó que los involucrados cumplían funciones en el Congreso, por lo que la maniobra se habría financiado con recursos del Estado nacional.
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Durante el trámite del expediente, el entonces diputado alegó que se trataba de “una persecución política” y apeló en reiteradas oportunidades a la inmunidad legislativa. Sin embargo, desde la fiscalía se explicó que ese resguardo solo resulta aplicable cuando las expresiones se producen en el recinto parlamentario o a través de medios de comunicación, lo que no ocurría en este caso.
De acuerdo con la acusación, la producción de los videos se habría realizado “desde la clandestinidad” y mediante perfiles anónimos en redes sociales. Esa circunstancia dejó sin efecto el argumento de la inmunidad, ya que los contenidos no se emitieron en el marco de la actividad parlamentaria formal.
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La causa cuenta con otros imputados. Florencia Bustamante y Alonso Allemand, exasesores de Estrada contratados por Diputados, declararon que el exlegislador ordenaba los temas, enviaba guiones y aprobaba los videos antes de su difusión. Los materiales se publicaban en cuentas como “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz” e “Informante Salta”.
El cuarto imputado es Juan Capisano, creador del perfil “Casta Salta”, quien declaró ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia. La investigación intenta determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la estructura de difusión de los contenidos.
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El camino hasta la imputación incluyó jueces que se declararon incompetentes, pedidos de acumulación de causas y planteos ante distintos tribunales. Finalmente, la jueza Mariela Giménez, del Juzgado Federal N.º 2 de Salta, rechazó las objeciones y mantuvo la causa bajo su órbita.
Ante la falta de presentación de Estrada a las audiencias, el Ministerio Público Fiscal solicitó su desafuero. El planteo atravesó la Cámara Federal de Apelaciones y llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que dio lugar al pedido. Un intento posterior de recusación contra la jueza fue rechazado por extemporáneo.








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