AFAgate: Investigan maniobras financieras por unos 5.000 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación administrativa sin precedentes a través de cuatro sumarios que ponen el foco sobre movimientos por 1.500 millones de dólares. La sospecha principal de los investigadores judiciales apunta a que estas divisas se obtuvieron al valor del dólar oficial en entidades bancarias para luego ser canalizadas hacia el mercado informal. En esta compleja trama aparecen nombres con peso en el sistema financiero y el deporte, como Elías Picirillo, apodado el "Rey del Blue", y Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, conocida por su reciente rol como sponsor en la AFA.

La estructura bajo análisis distingue entre bancos tradicionales y entidades transaccionales que operan con Prestadoras de Servicios de Pago (PSP). En este segundo grupo se ubica Sur Finanzas PSP, la cual habría funcionado como un eslabón fundamental para el movimiento de fondos. De manera paralela, la Justicia Federal se prepara para abrir una nueva línea de investigación sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Comercio y la DGI. Se estima que, mediante el mecanismo de las SIRA, se habrían autorizado importaciones por otros 3.500 millones de dólares que nunca se concretaron, sumando un total de 5.000 millones de dólares vendidos a precio oficial bajo el cepo cambiario.

Estas maniobras habrían ocurrido durante el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, bajo la supervisión de Miguel Pesce en el Central y Matías Tombolini en Comercio. El expediente judicial tomó impulso tras la detención de Picirillo en su domicilio de Nordelta, acusado inicialmente de estafa por exsocios. Durante los allanamientos, surgieron indicios que vinculan al empresario con la casa de cambios Inversora Concordia, propiedad de Vallejo. Los investigadores sostienen que el beneficio económico era inmediato, ya que las divisas se adquirían a 350 pesos y se liquidaban en las "cuevas" a 600 pesos, logrando ganancias cercanas al 80%.

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La red de influencias no terminaba en las oficinas financieras; se extendía hacia Puerto Madero a través de Jonathan Alejandro "Tato" Pernía, titular de Liverpool Group S.A., quien habría facilitado el nexo entre los financistas y los directivos de la casa madre del fútbol argentino. Según la Superintendencia de Entidades Financieras, existen al menos 10 bancos regionales y cerca de 100 casas de cambio bajo sospecha por estas operaciones realizadas en un período crítico previo a las elecciones de 2023. Ante la gravedad de los reportes enviados a la UIF y la PROCELAC, el BCRA analiza presentarse como querellante en la causa que lidera la jueza María Romilda Servini.

La situación procesal de Ariel Vallejo se complica con el avance del sumario 8130, caratulado como "Centro de Inversiones Concordia SRL y otros". Este expediente, que tramita en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, investiga el incumplimiento de las normas sobre tenencia de moneda extranjera. Además, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza María Eugenia Capuchetti sobre el avance de otra causa por lavado de dinero que involucra a la misma casa de cambio, la cual operaba dentro de una de las sucursales de Sur Finanzas en la localidad de Adrogué.

Los inspectores del ente monetario registraron un crecimiento vertiginoso en las operaciones de los Vallejo desde agosto de 2020. En una de las inspecciones realizadas en una sucursal de Lomas Cambio S.A.S., las autoridades encontraron un cartel de mudanza hacia la calle Seguí 780, dirección actual de la financiera bajo la lupa. En ese local de dos plantas también funcionaba Valle Business S.A., firma que, según los registros de la antigua AFIP, emitió documentación falsa y facturas apócrifas para respaldar movimientos de dinero sin sustento real.

Como respuesta a estas irregularidades, el Banco Central suspendió a la casa de cambios vinculada al grupo y el Banco Industrial (BIND), que servía de soporte operativo, decidió cortar sus vínculos comerciales. La Justicia rastrea ahora movimientos por 819.000 millones de pesos que podrían provenir directamente del lavado de activos. Si bien el BCRA no tiene potestad para investigar lavado en fintechs, sí puede sancionar las fallas en los controles internos de los bancos que permiten la apertura de cuentas corporativas sospechosas sin los debidos informes de compliance.

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En otra instancia judicial, se analiza la denuncia por un presunto sistema de sobornos para agilizar las autorizaciones de importación. Según las presentaciones legislativas de la Coalición Cívica, existía un esquema de "facilitadores" que cobraban una tarifa del 10% del valor autorizado en dólares billete. "Cada autorización requería el visto bueno de esas cuatro terminales, lo que habría abierto paso a un esquema de facilitadores y gestores que cobraban por agilizar los trámites", detalla el texto que menciona entregas de dinero en hoteles de lujo y bares de Puerto Madero.

Finalmente, la investigación busca determinar el rol de exfuncionarios como José Sebastián Jabbaz, Raúl Pérez y Franco Mollo en la cúspide de estas decisiones administrativas. La sospecha de un circuito de coimas para acceder a dólares baratos en plena escasez de reservas es el eje que podría reabrir expedientes que perdieron impulso en el pasado. Los investigadores solicitarán en las próximas semanas nuevas auditorías internas y testimoniales para confirmar si la desidia de los organismos de control fue, en realidad, una pieza necesaria para este millonario desvío de fondos públicos.