Allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal por presuntos vínculos con una empresa

Actualidad28/12/2025

director del Servicio Penitenciario Federal

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó este viernes el **allanamiento de las oficinas de Fernando Julián Martínez, en el marco de una investigación vinculada a la provisión de alimentos en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan alrededor de 2.000 personas privadas de la libertad. La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, apunta a esclarecer si existieron vínculos irregulares entre el funcionario y la empresa adjudicada para proveer comida a los detenidos.

El procedimiento judicial fue realizado en la mañana del viernes, poco después de que se definiera la nueva licitación para la provisión de alimentos en el penal de Ezeiza, y ejecutado como parte de una investigación más amplia sobre la calidad y la gestión del servicio de alimentación. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, la decisión respondió a sospechas de una posible cartelización del negocio entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la empresa adjudicataria.

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Durante el allanamiento, uno de los hechos que llamó la atención de los operadores judiciales fue la entrega de un teléfono celular viejo y en desuso por parte de Martínez, en lugar del dispositivo de uso habitual. Tras ese gesto, los funcionarios le requirieron el aparato que efectivamente utilizaba, pero el funcionario afirmó que lo había “extraviado” ese mismo día, una explicación que generó desconcierto en la investigación.

El juez Villena ordenó un rastreo de la última señal del teléfono que Martínez presentó a la Justicia. El informe resultó inquietante: el dispositivo había registrado actividad una hora antes del allanamiento, en una zona cercana al estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. Ese dato abrió interrogantes sobre si el funcionario tenía conocimiento previo del procedimiento.

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En la causa existen antecedentes que alimentan las dudas sobre la calidad de los alimentos destinados a los internos. El magistrado había intervenido años atrás en una causa previa que denunciaba comida en mal estado en la misma unidad penal, lo que derivó en la prohibición de participar en licitaciones a la empresa Foodrush, que entonces era proveedora del servicio.

A pesar de esa prohibición judicial, en una nueva licitación posterior la empresa Bio Limp —que no contaba con experiencia en suministro alimentario— fue adjudicada para proveer alimentos. En el marco de la investigación se sometió a peritajes y se detectó que camiones utilizados por Bio Limp llevaban chapas patentes de la firma Foodrush, lo que llevó al juez a considerar que podía haberse montado una estructura para sortear las decisiones judiciales previas.

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Tras el allanamiento, las autoridades judiciales continuaron con medidas probatorias y análisis de documentación para establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales que pudieran vincular al director del SPF con maniobras irregulares en la contratación y supervisión de la provisión alimentaria en la Unidad Penal de Ezeiza.

Por el momento, ni el Servicio Penitenciario Federal ni Martínez emitieron declaraciones públicas sobre el caso. La causa se mantiene bajo instrucción, con medidas que incluyen el análisis de comunicaciones, registros de licitaciones y documentos internos relacionados con la gestión de la alimentación en el penal.

Fuente: Infobae