"Sin Protocolo vuelve el caos”: el Gobierno apelará la nulidad sobre protestas en la vía pública

La discusión judicial en torno al protocolo que regula la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones sumó un nuevo capítulo. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que apelará la sentencia que declaró la nulidad de la normativa vigente desde 2023, al considerar que la decisión desconoce antecedentes judiciales previos.

El fallo fue dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien resolvió hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su pronunciamiento, el magistrado entendió que el esquema dispuesto por el Poder Ejecutivo afecta el ejercicio del derecho a la protesta social.

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La resolución cuestionada es la 943/2023, que establece criterios de intervención de las fuerzas federales ante cortes de calles y rutas durante manifestaciones. Según el fallo, el protocolo introduce restricciones que exceden las facultades reglamentarias del Ejecutivo.

Frente a esa interpretación, el Ministerio que actualmente conduce Alejandra Monteoliva ratificó su decisión de sostener la norma. En un comunicado oficial, la cartera afirmó que el protocolo es “legítimo” y que “fue validado en reiteradas ocasiones por la Justicia”, por lo que recurrirá la medida.

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Desde Seguridad insistieron en que la herramienta no prohíbe las protestas, sino que ordena su desarrollo en el espacio público. En ese sentido, remarcaron que “el Protocolo no prohíbe, ordena” y que garantiza tanto el derecho a manifestar como la libre circulación. El comunicado oficial sostuvo además que “la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta porque sabe que sin Protocolo vuelve el caos”. En la misma línea, el Ministerio señaló que la norma cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.

Según la cartera nacional, desde su implementación el esquema “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”. Ese argumento será uno de los ejes centrales de la apelación judicial. La decisión del juez también motivó pronunciamientos políticos. Patricia Bullrich, quien estaba al frente del Ministerio cuando se puso en marcha el protocolo, cuestionó el fallo y apuntó directamente contra el magistrado.

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En un mensaje difundido en redes sociales, Bullrich expresó: “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, y añadió: “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. Para la actual senadora, los perjudicados son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

Bullrich defendió además la aplicación del protocolo desde su origen al afirmar: “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza”, y concluyó: “El orden no se negocia. No daremos ni un paso atrás”. En la misma línea se expresó Monteoliva, quien sostuvo que “un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes” y consideró que esa decisión “responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.

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Con la apelación ya anunciada, la controversia pasará ahora a una instancia superior. Allí se definirá si el protocolo mantiene su vigencia mientras continúa el debate judicial sobre el equilibrio entre protesta social y uso del espacio público.