El Gobierno prorrogó el freno a contrataciones públicas y fijó excepciones limitadas
Política02/01/2026
REDACCIÓN
El Gobierno Nacional decidió extender la suspensión de las contrataciones en el sector público y ratificó una política orientada a reducir la planta estatal. La medida quedó formalizada mediante el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional.
La normativa establece una prohibición amplia que abarca múltiples modalidades de vínculo laboral. El texto señala que las áreas del Estado “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”, lo que refuerza el alcance general de la decisión oficial.
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El decreto precisa que la restricción incluye a las plantas transitorias, los contratos previstos en la Ley Marco de Empleo Público, los contratos laborales y las locaciones de servicios profesionales. También quedan comprendidas las designaciones transitorias en cargos de planta permanente y las contrataciones financiadas por estatutos especiales o por fuentes extrapresupuestarias.
Desde el Ejecutivo explicaron que la medida busca ordenar el esquema de recursos humanos y evitar incrementos en la dotación del Estado. En ese marco, la prohibición se extiende durante 2026 y se aplica de forma homogénea en la administración pública nacional, con controles centralizados.
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No obstante, el decreto contempla excepciones para sectores considerados estratégicos o con regímenes especiales. Entre ellos se encuentran las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal, ámbitos que mantienen particularidades operativas.
También figuran el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y el personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud. A esta lista se suman el personal de gabinete y las designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas del SINEP.
Para los casos alcanzados por la excepcionalidad, la norma fija una condición estricta: dos bajas por cada alta autorizada. Las bajas computables incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o la finalización de contratos ocurridas durante 2026, lo que limita el margen de incorporación.
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El decreto aclara que no se contabilizan como bajas las producidas por planes de retiro voluntario ni por acuerdos de desvinculación. De este modo, el mecanismo apunta a un recambio acotado y controlado dentro de la estructura estatal.
Además, cada incorporación deberá contar con validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Este requisito centraliza las decisiones y refuerza el control político y administrativo sobre cualquier excepción a la suspensión general.
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