La CPI y la ONU documentaron crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Nicolás Maduro

La situación de los derechos humanos en Venezuela quedó bajo escrutinio internacional a partir de investigaciones sostenidas por la Corte Penal Internacional y por distintos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas, que documentaron violaciones graves atribuidas a fuerzas estatales y grupos progubernamentales. Desde 2018, la CPI mantiene abierta la causa conocida como “Situación Venezuela I”, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, con un enfoque en la represión de opositores y críticos del gobierno.

La Fiscalía del tribunal internacional sostuvo que los hechos relevados no responden a episodios aislados, sino a un patrón de persecución sistemática. El entonces fiscal jefe, Karim Khan, afirmó: “Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”, al tiempo que cuestionó la capacidad del sistema judicial local para abordarlos de manera efectiva.

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De acuerdo con la información reunida por la CPI, miles de personas resultaron detenidas de forma arbitraria, muchas de ellas sometidas a torturas y a distintos tipos de violencia sexual. La Fiscalía precisó que “desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron torturados; y fueron sometidos a formas de violencia sexual, incluida la violación”. Los informes describen palizas, asfixia, descargas eléctricas y amenazas prolongadas durante períodos de detención.

La investigación avanzó pese a los intentos del régimen venezolano por frenar el proceso judicial. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó los recursos presentados por Caracas y ratificó la continuidad de la causa, al considerar que no existían pruebas suficientes de investigaciones internas que cubrieran el alcance de los hechos bajo análisis. La política de cooperación impulsada por la Fiscalía también fue declarada agotada a fines de 2025, ante la falta de respuestas satisfactorias del Estado.

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En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos difundió informes anuales que reforzaron las conclusiones de la CPI. La ex alta comisionada Michelle Bachelet señaló en uno de sus reportes: “Documentamos numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención”. Sus evaluaciones atribuyeron responsabilidades directas a organismos de seguridad del Estado.

Los documentos de Naciones Unidas también registraron ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra mujeres y niñas, además de condiciones de detención consideradas inhumanas. En 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó más de un centenar de casos con pruebas de torturas y abusos, y advirtió sobre la existencia de centros clandestinos de detención y métodos reiterados de coerción física y psicológica.

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La entonces presidenta de esa misión, Marta Valiñas, sostuvo: “Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país”, una práctica que, según el informe, derivó en delitos graves y persistentes. Técnicas como asfixia, posiciones forzadas, descargas eléctricas y amenazas sistemáticas fueron descriptas con detalle en los testimonios recabados.

Organizaciones de la sociedad civil también aportaron datos relevantes. Un informe conjunto de Provea y el Centro Gumilla documentó cientos de muertes en operativos de seguridad durante 2022. El ex director de Provea, Rafael Uzcátegui, advirtió: “Las cifras de ejecuciones extrajudiciales muestran claramente que la violencia estatal es una herramienta sistemática de control social”. Estas presentaciones reforzaron la evidencia reunida en los expedientes internacionales.

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Actualmente, la causa en la CPI continúa activa y con recolección de pruebas en curso. Más allá de los acontecimientos políticos recientes, los organismos internacionales sostienen que las denuncias documentadas mantienen vigencia jurídica, y que los crímenes investigados permanecen bajo jurisdicción del tribunal, como parte de un proceso orientado a garantizar verdad y justicia para las víctimas.

Fuente: Infobae.