La oposición recurrió a la Justicia contra el DNU que amplía atribuciones de la SIDE
Política05/01/2026
REDACCIÓN
Maximiliano Ferraro, diputado nacional Coalición Cívica.
Diputados nacionales de la oposición presentaron una acción de amparo ante la Justicia para frenar los efectos del DNU 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa busca que el decreto sea declarado inconstitucional y de nulidad absoluta, al considerar que vulnera principios básicos del sistema democrático.
La presentación judicial fue realizada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes del bloque de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas. Los legisladores cuestionaron el uso del decreto de necesidad y urgencia para introducir cambios de fondo en una norma sensible, sin la intervención previa del Congreso Nacional.
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Ferraro dio a conocer la iniciativa a través de sus redes sociales, donde expresó: “Junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”. El mensaje sintetizó la postura del espacio frente a la decisión del Ejecutivo.
Según el planteo presentado ante la Justicia, el decreto fue dictado sin que existieran circunstancias excepcionales que impidieran el tratamiento legislativo. Los diputados sostienen que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia” que justifique el uso de esa herramienta constitucional, especialmente teniendo en cuenta el funcionamiento regular del Parlamento.
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En ese sentido, los firmantes del amparo remarcaron que “el Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control”. A su vez, advirtieron que recurrir a un DNU en este contexto “debilita la legitimidad democrática de la norma”, al excluir el debate parlamentario.
El DNU 941/2025, publicado el 31 de diciembre, introduce modificaciones sustanciales a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin pasar por el Congreso. Entre los cambios más controvertidos, se incluye la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen detenciones, una atribución que la normativa vigente prohíbe y que, según la legislación actual, corresponde exclusivamente a fuerzas de seguridad bajo orden judicial.
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Los diputados advirtieron que esta habilitación colisiona con límites expresamente fijados por la Constitución. En el escrito presentado, sostienen que el decreto resulta “violatorio del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, al incorporar materias vedadas a los decretos de necesidad y urgencia.
En otro tramo del amparo, los legisladores afirmaron: “La disposición del Poder Ejecutivo que se cuestiona no cumple con los presupuestos para el dictado de los DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna”. Ese argumento apunta a la falta de justificación formal del decreto.
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Además, señalaron que se “vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales”, al habilitar aprehensiones por parte del personal de inteligencia. Según indicaron, este tipo de facultades se encuentran expresamente vedadas por la norma constitucional invocada en la presentación.
La acción judicial abre ahora una instancia de revisión sobre el alcance del decreto y su adecuación al marco legal vigente. La definición que adopte la Justicia tendrá impacto directo sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia y sobre el uso de los DNU para reformar leyes sensibles sin intervención del Congreso.
Fuente: N A
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