El Ejecutivo municipal de Esquel pidió que el Concejo Deliberante trate en sesión extraordinaria un paquete de definiciones vinculadas al Parque Industrial, con un argumento central: sin decisiones legislativas, varias empresas interesadas quedan sin marco para iniciar obras en esta temporada. La urgencia no gira alrededor de un anuncio general, sino de expedientes puntuales que habilitan cesiones de tierras, ratificaciones y ajustes normativos. Desde el área productiva advierten que el tiempo legislativo puede impactar de forma directa en inversiones que hoy se mantienen en espera.
La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, explicó que el trabajo actual se encuadra como “una continuidad de lo que se inició el año pasado” y que las políticas económicas locales necesitan sostén normativo para evitar marchas y contramarchas. En su lectura, una ciudad como Esquel requiere acuerdos que miren más allá de lo inmediato, pero con herramientas que permitan ejecutar cuando aparecen oportunidades concretas. Por eso el planteo se concentra en ordenar reglas y habilitar decisiones administrativas.
El primer punto sensible es la ratificación de empresas ya seleccionadas por el órgano asesor técnico del Parque. Botto precisó que el Concejo debe ratificar a cinco empresas que ya pasaron ese filtro y aguardan la instancia legislativa para avanzar. Sin ese paso, la adjudicación queda trabada y los proyectos no pasan a la etapa de obra. La dependencia municipal interpreta que esa demora puede traducirse en meses perdidos en un momento del año donde el clima y la logística condicionan los trabajos.
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El segundo frente apunta a resolver situaciones que vienen de años anteriores y todavía pesan sobre la operatoria del predio. La funcionaria indicó que se necesita derogar ordenanzas de preadjudicación anteriores relacionadas con dos empresas locales que no lograron radicarse en su momento. Según explicó, esas firmas conservan interés en instalarse hoy, pero el encuadre vigente impide reordenar el esquema con claridad. El Ejecutivo busca cerrar esa etapa y reencauzar los permisos con reglas actualizadas.
En paralelo, la discusión legislativa incluye un cambio que toca una demanda concreta de las pymes: habilitar infraestructura para alquiler dentro del Parque. Botto señaló la necesidad de modificar la normativa para permitir la construcción de naves industriales para alquiler, una posibilidad que no figura en la ordenanza actual. En términos prácticos, esa limitación deja afuera a empresas que no pueden afrontar una nave propia en la primera etapa, o que prefieren iniciar operaciones en módulos arrendados. Para el área productiva, esa herramienta amplía el universo de potenciales radicaciones.
La cartera municipal también exhibe un mapa de rubros interesados que, según describió Botto, ya se traduce en gestiones concretas. Mencionó interés de empresas vinculadas a distribución, logística, construcción y salud ambiental. En ese marco, evaluó ampliar los beneficios de acceso a la tierra a cinco firmas adicionales, lo que ampliaría el paquete de definiciones que el Concejo debería discutir. El Ejecutivo intenta transformar ese interés en radicaciones efectivas con plazos y condiciones claras.
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El impacto sobre el empleo aparece ligado a una condición que, según la subsecretaria, forma parte de los requisitos del régimen del Parque. Botto subrayó que las empresas que ingresan con beneficios deben contratar mano de obra local y sostuvo que, además del efecto comunitario, esa opción resulta “la opción más viable desde lo económico para el propio empresario”. La frase busca mostrar que la contratación local no se sostiene solo por una obligación formal, sino también por conveniencia operativa en la etapa de obra y puesta en marcha.
Otro argumento que empuja el pedido de extraordinaria se relaciona con la escala y el “efecto conjunto” de varias radicaciones simultáneas. Botto afirmó que la instalación al mismo tiempo de al menos siete empresas, con chance de sumar dos o tres más, puede generar una sinergia que reduzca costos de construcción. La lógica apunta a compras y contrataciones en volumen, además de un cronograma más estable para proveedores. Para el Ejecutivo, esa dinámica también mueve la actividad de la construcción local en forma directa.
En la mirada del área productiva, el Parque Industrial funciona como una respuesta de corto plazo dentro de una planificación más extensa, justamente porque hay empresas listas para dar el siguiente paso si se despejan trabas administrativas. Por eso el planteo se dirige al Concejo con una consigna: resolver ordenanzas y ratificaciones ahora para no perder una temporada de obra. La discusión, entonces, no se limita a un debate político, sino a un calendario que condiciona decisiones privadas y trabajos locales.
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