Corvalán diseña una salida cooperativa para reactivar Río Salado

La reapertura de la planta pesquera Río Salado aparece, en el relato de Edgardo Corvalán, como un plan con forma definida y límites marcados desde el inicio. El abogado se presenta como referente de la iniciativa y sostiene que la vuelta a producir requiere una herramienta concreta: un esquema cooperativo que permita poner en marcha la estructura sin absorber, de manera automática, los compromisos laborales previos. En esa tensión entre reactivación y deudas históricas, ubica el corazón del proyecto.

Corvalán explicó que el trabajo se orienta a una cooperativa ya constituida, que utilizará la planta y las instalaciones para desarrollar su propio proyecto productivo. En su descripción, la modalidad apunta a que los trabajadores puedan cobrar por su tarea y, a la vez, generar una salida económica para quienes reclaman. Sobre ese punto, precisó: "La cooperativa utilizará la planta y las instalaciones para desarrollar su proyecto. Ellos mismos diseñarán un sistema que les permita cobrar por su trabajo y, además, generar un fondo de recuperación o indemnización, sin perder derechos ni dejar de lado los reclamos legales que correspondan".

En ese armado, el abogado insiste con una idea que ordena su postura pública: la reactivación no borra los reclamos, pero tampoco se confunde con una continuidad jurídica automática. Por eso, cuando se refirió a ex trabajadores de Río Salado y Olgrec Fish que señalan deudas salariales e indemnizaciones, buscó diferenciar planos. "Tenemos un compromiso ético y moral de dar prioridad a la gente que trabajó acá. No tenemos vinculación legal con los compromisos laborales anteriores, pero sí la voluntad de integrarlos", afirmó.

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La discusión, según Corvalán, también se juega en el terreno judicial y en cómo se registran formalmente los reclamos. Al hablar desde su rol profesional, sostuvo: "Para que exista un juicio laboral tiene que haber un expediente. En el expediente concursal no he visto reclamos laborales ni números de causa. Me hago responsable de lo que digo". En el mismo pasaje aclaró que evita involucrarse en esos procesos para no quedar alcanzado por responsabilidades solidarias.

Desde ese encuadre, se definió como parte de un contrato ligado al concurso, sin atribuirse el control del expediente general. "Soy un inquilino dentro del expediente concursal. Alquilé esto, puse dinero propio y de otras personas que creyeron en el proyecto. Afrontamos deudas enormes, incluso un sabotaje en el que nos robaron todos los cables, pero hoy la planta está prácticamente nueva y en condiciones de producir", sostuvo, al describir el estado de la infraestructura y el financiamiento utilizado.

En esa misma línea, planteó el alcance de su compromiso contractual: "No le debo nada a nadie. Voy a pagar un alquiler con producción por cinco años, con opción a compra". Con esa frase buscó dejar asentado que la reactivación se apoya en un esquema temporal y productivo, no en una toma de deuda previa. El planteo apunta a separar el pasado judicial del presente operativo, aunque reconoce que la convivencia con reclamos forma parte del escenario.

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Mientras se define el marco formal, Corvalán aseguró que la planta ya sostiene actividad y empleo. Dijo que más de 20 personas trabajan desde agosto, con salarios al día, y anticipó que el número crecerá con el arranque pleno de la producción. También remarcó que el eje del proyecto se apoya en la generación de empleo local, y vinculó esa orientación con el esquema provincial de permisos.

La posibilidad de operar, sin embargo, depende de un punto que el propio abogado describió como problemático: la disponibilidad de recurso. Admitió que el golfo atraviesa un momento complejo y adelantó que deberá complementar con materia prima de otras jurisdicciones. "Hay que traer recurso de Nación y aprovechar cuando la naturaleza permita que aparezca en el golfo. Tengo demanda fuerte para Estados Unidos y Brasil, especialmente de filete y merluza fresca", afirmó.

Con la materia prima y la demanda como horizonte, Corvalán puso el acento en otro tramo del plan: licencias comerciales y trámites que, según indicó, hoy frenan el despegue. En su discurso, el pedido al Estado no pasa por financiamiento directo, sino por respaldo institucional y rapidez administrativa. "No pido subsidios ni plata. Solo que no nos pongan trabas. Tuvimos que afrontar más de 160 millones de pesos sin ayuda de nadie", expresó.

En ese marco, anticipó reuniones con autoridades provinciales y municipales para destrabar cuestiones pendientes y formalizar la producción. También buscó dar una señal política y social desde su arraigo local. "Vivo acá, mi familia es de acá, decidí quedarme en San Antonio. No me escondo de nadie. Que vengan, recorran la planta, vean cómo está. Empezamos en agosto y hoy la planta está lista", sostuvo.

Hacia el final, el abogado cerró su postura con una idea ligada al impacto social de reabrir una estructura de este tipo en la ciudad. "Con la planta funcionando hay más posibilidades de que la gente cobre que con la planta cerrada. Las opciones son pocas: o nos quedamos mirando cómo la riqueza pasa por otro lado, o nos ponemos a trabajar. Esta es una oportunidad para todos", afirmó. En su planteo, la producción se convierte en condición para cualquier salida, incluso para quienes sostienen reclamos pendientes.