Un instructor de bomberos confesó abusos a aspirantes y espera el juicio con domiciliaria por depresión
Policiales16/01/2026
REDACCIÓN
Rodrigo Santi Foto José Corigliano reeditada digitalmente por LA17
La Justicia de Villa María avanza en una causa penal que involucra a Rodrigo Santi, exinstructor del cuartel de La Playosa, acusado de múltiples hechos de abuso sexual contra aspirantes. El imputado confesó los delitos durante la instrucción y quedó a la espera de un juicio abreviado, actualmente bajo prisión domiciliaria.
Santi, de 32 años, era conocido dentro del cuartel como “Loli” y se desempeñó durante años como formador de jóvenes. La investigación judicial permitió reconstruir una serie de hechos que, según el expediente, se extendieron durante un largo período. El caso tomó impulso a partir de una denuncia formal presentada en marzo de 2024.
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El primer episodio denunciado ocurrió el 30 de marzo de 2024, cuando un adolescente de 16 años se encontró con el instructor durante la madrugada. Según la acusación, el joven fue invitado a la casa de Santi, donde se produjeron tocamientos y proposiciones de contenido sexual. Tras ese episodio, la víctima abandonó el cuartel y no regresó.
Durante meses, el hecho permaneció sin denuncia penal hasta que la madre del adolescente accedió a una conversación de WhatsApp Web. En ese intercambio, Santi reconocía su conducta y afirmaba que “se había zarpado”, además de pedir disculpas por lo ocurrido. Ese material resultó determinante para activar la investigación.
A partir de esa presentación, la causa avanzó sobre otros testimonios y permitió identificar un patrón de conductas reiteradas. De acuerdo con la querella, los hechos se repetían en contextos como campamentos, charlas grupales y actividades dentro del cuartel, donde se generaban situaciones de confianza con los aspirantes.
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Según consta en el expediente, se promovían prácticas sexuales presentadas como juegos o competencias. Luego, durante la madrugada, el instructor enviaba mensajes y realizaba invitaciones privadas. La investigación judicial incorporó relatos coincidentes que describen un esquema sostenido en el tiempo.
El abogado querellante José Corigliano sostuvo que los abusos eran conocidos en el pueblo, pero no se denunciaban por temor o presión interna. En ese contexto, señaló que el entorno familiar del imputado tenía peso dentro del cuartel, ya que su padre y su hermano ocupaban cargos de responsabilidad y su madre integraba la comisión directiva.
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Santi está imputado por tres hechos de abuso sexual simple, un abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. En una primera etapa negó los cargos, pero el 20 de noviembre de 2024 confesó durante la instrucción. Luego quedó detenido en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María.
Cuando el requerimiento de elevación a juicio se encontraba avanzado, la defensa solicitó un cambio en las condiciones de detención. El 22 de diciembre de 2025, la Justicia concedió la prisión domiciliaria, basándose en un informe psicológico privado que diagnosticó “un trastorno depresivo mayor con ideación suicida” y advirtió que la permanencia en prisión “podría implicar un riesgo grave para su salud psíquica”.
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Desde la querella advirtieron que “podrían aparecer más víctimas” y remarcaron que el imputado abusó de su rol de autoridad durante años. La pena en expectativa oscila entre 8 y 20 años de prisión, mientras el proceso judicial continúa bajo la modalidad de juicio abreviado.
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