Estaba condenado a perpetua, le otorgaron la libertad condicional y apuñaló a una nena de 10 años
Policiales24/01/2026
REDACCIÓN
Patrullero
La decisión de otorgar libertad condicional a un condenado a prisión perpetua quedó en el centro del análisis institucional tras un ataque cometido por el beneficiario pocos meses después de recuperar la calle. El episodio involucró a una nena de 10 años, que permanece internada en estado reservado, y derivó en pedidos formales para revocar el beneficio y revisar los criterios aplicados.
El condenado, Diego Domingo Ponce, recibió la condicional el 16 de octubre tras cumplir 21 años de prisión por el femicidio de Laura Natalia Chirino, cometido en 2002. La medida fue dispuesta por la jueza de Ejecución Penal de Villa Mercedes, Nora Villegas, al considerar cumplidos los requisitos formales previstos por la ley.
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El nuevo hecho ocurrió en un paraje rural de Santa Rosa del Conlara. Según la investigación, el agresor ingresó a una vivienda y atacó a la menor con un arma blanca, para luego sustraer dinero y huir. La niña fue asistida en centros de salud de la región y finalmente derivada a Córdoba, donde continúa con cuidados intensivos.
A partir de registros de cámaras y tareas de rastreo, fuerzas policiales lograron la detención del sospechoso en la misma localidad. La imputación incluye robo calificado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa, además del pedido del Ministerio Público Fiscal para revocar la libertad condicional otorgada meses atrás.
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El episodio generó pronunciamientos de autoridades provinciales. El intendente local expresó cuestionamientos a la decisión judicial y a la distancia entre los criterios formales y el impacto social de los beneficios. En la misma línea, el gobernador Claudio Poggi reclamó responsabilidades y sostuvo que “el garantismo tiene que ser con las víctimas, no con los victimarios”, al tiempo que anunció acciones dentro de las herramientas constitucionales disponibles para evitar situaciones similares.
El Gobierno provincial adelantó que impulsará medidas administrativas y legales orientadas a revisar procedimientos de ejecución penal cuando se trate de condenas por delitos de extrema gravedad. La discusión se concentra en cómo se ponderan riesgos, controles posteriores y la evaluación integral de antecedentes al momento de conceder beneficios.
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El caso también vuelve a colocar bajo análisis el rol de los órganos judiciales frente a antecedentes de violencia grave y la coordinación entre justicia, fuerzas de seguridad y políticas de seguimiento una vez otorgadas libertades condicionales. En este punto, la falta de declaraciones públicas de la magistrada interviniente sobre el nuevo delito mantiene abierto el debate institucional.
Fuente: LA NACION.
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