Torres volvió a reclamar penas severas por incendios y pidió tratar la figura de ecocidio

Tras el arresto por el incendio intencional en Arroyo Verde, el gobernador exigió avanzar con una reforma penal que permita condenas más duras por daño ambiental.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, utilizó el arresto del presunto autor de un incendio intencional en cercanías de Arroyo Verde como punto de partida para insistir con una discusión de fondo: la necesidad de modificar el Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos ambientales. El planteo no se centró en el hecho puntual, sino en lo que considera una debilidad estructural del sistema judicial.

“Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra, el daño ya está hecho”, expresó el mandatario en un comunicado difundido tras conocerse la detención. La frase resume el eje de su posicionamiento, que apunta a cuestionar la eficacia de las penas actuales frente a hechos que generan consecuencias irreversibles sobre el territorio.

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En ese marco, Torres sostuvo que resulta imprescindible incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, con el objetivo de dotar a la Justicia de herramientas más contundentes. Según planteó, el problema no es solo la identificación de los responsables, sino la capacidad real del Estado para imponer condenas acordes al daño causado.

“Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente”, afirmó. El mensaje refuerza una línea discursiva que el gobernador viene sosteniendo en distintos ámbitos, vinculada a la protección ambiental y al castigo penal efectivo.

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El reclamo incluyó un pedido explícito al Congreso Nacional para que avance con una iniciativa ya presentada. Torres exigió el tratamiento urgente del proyecto impulsado por la senadora nacional Edith Terenzi, que propone tipificar el ecocidio como delito penal. La mención busca acelerar un debate que hasta ahora no logró consenso legislativo.

“Hoy, más que nunca, exigimos el tratamiento urgente del proyecto”, subrayó el gobernador, en un contexto marcado por incendios reiterados en distintos puntos de la Patagonia. El mensaje no incorpora datos técnicos ni estadísticos, pero se apoya en la reiteración de episodios recientes para reforzar la urgencia política del planteo.

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El comunicado cerró con una frase de alto impacto, que refleja el tono elegido para interpelar tanto al sistema judicial como a la dirigencia nacional. “En Chubut, y en toda la Argentina, el que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel”, sostuvo Torres, sin matices ni eufemismos.

La declaración se conoce mientras la causa judicial por el incendio intencional sigue su curso en el ámbito provincial. El gobernador evitó referirse a detalles del expediente o a responsabilidades individuales, y se mantuvo en un plano estrictamente institucional y normativo.

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Desde ese lugar, el Ejecutivo provincial busca instalar una discusión más amplia, que excede el caso concreto y apunta a redefinir cómo el derecho penal aborda los delitos ambientales. La figura de ecocidio aparece así como una herramienta central dentro de una estrategia política que pretende elevar el umbral de castigo.

El planteo vuelve a tensionar el debate entre jurisdicciones, ya que la reforma del Código Penal depende del Congreso Nacional. Mientras tanto, el mensaje del gobernador deja en claro que, para el Gobierno de Chubut, las respuestas actuales resultan insuficientes frente al daño ambiental provocado por incendios intencionales.