El Gobierno eliminó el sistema de calificación de 1984 y redefinió el rol del Estado en el cine
Actualidad27/01/2026
REDACCIÓN
Un decreto cambió el esquema que regía desde hace décadas, concentró la decisión en el INCAA y habilitó la homologación de calificaciones extranjeras.
El Gobierno nacional oficializó un cambio estructural en la calificación de películas al derogar el régimen vigente desde 1984 y disolver la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas. La decisión se instrumentó mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Manuel Adorni.
La norma reglamenta la Ley 23.052 y traslada la competencia técnica para definir las categorías orientativas de aptitud —ATP, +13, +16 y +18— al INCAA, que a partir de ahora concentrará la evaluación sin el dictamen obligatorio de una comisión colegiada.
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En los considerandos, el Ejecutivo explicó que la decisión apunta a “adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas” y a reducir demoras administrativas que, según el texto, resultaban innecesarias para el sector audiovisual. En esa línea, el decreto sostiene que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura rígida entorpecía la dinámica de exhibición.
El nuevo esquema redefine también el alcance del rol estatal. La calificación mantiene un carácter orientativo, mientras que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores queda en manos de padres o tutores, un punto que el decreto subraya como criterio rector.
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Otra modificación relevante es la homologación automática de calificaciones extranjeras. Con el argumento de que el 65% de los estrenos que llegan a la Argentina provienen de Estados Unidos, el Gobierno consideró un “uso innecesario de recursos” recalificar películas ya evaluadas por organismos internacionales estandarizados, como la MPAA.
En ese marco, las calificaciones de origen serán reconocidas y adaptadas a las categorías locales, aunque el INCAA conservará la potestad de intervenir y modificarlas de oficio cuando existan “razones de orden público”. La normativa establece que el nuevo régimen entrará en vigencia dentro de 60 días corridos.
Fuente: NA.
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