Extienden la emergencia del gas hasta 2027 y busca privatizar la importación de GNL

Actualidad27/01/2026

La prórroga reconoce límites en el transporte desde Vaca Muerta y habilita un esquema con importadores privados, bajo control de precios, para cubrir los picos invernales.

El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia del Sector Energético en el segmento gasífero hasta el 31 de diciembre de 2027, una decisión que parte del reconocimiento explícito de que el sistema actual no logra trasladar todo el gas disponible hacia los principales centros de consumo. La medida quedó formalizada a través del DNU 49/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete.

El decreto pone el foco en los tramos de transporte y distribución de gas natural, señalados como el principal condicionante para el abastecimiento durante los meses de mayor demanda. Según el texto oficial, las obras de ampliación de gasoductos necesarias para revertir ese escenario recién entrarían en operación en el invierno de 2027, lo que obliga a sostener un esquema de importación para cubrir consumos residenciales y la generación eléctrica.

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En ese marco, el Ejecutivo admite que, sin el aporte externo, la oferta local no alcanza en los días de frío intenso. El documento advierte que, de no recurrir al Gas Natural Licuado (GNL), “la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha”, una frase que grafica la fragilidad del sistema actual.

El DNU introduce además un cambio profundo en la operatoria: el Estado busca retirarse como importador directo y transferir esa función al sector privado. Hasta ahora, esa tarea recaía en ENARSA, pero el nuevo esquema instruye a la Secretaría de Energía a organizar un concurso competitivo para seleccionar un comercializador privado que se encargue de importar y regasificar el GNL.

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La logística prevista se apoya en la terminal de Escobar, actualmente la única operativa para el ingreso de este tipo de combustible. El Gobierno justificó el cambio al señalar que la intervención estatal previa “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”, según consta en los considerandos.

Al mismo tiempo, la norma reconoce que la existencia de una sola terminal configura un monopolio natural. Por ese motivo, el DNU fija un “precio máximo” para la venta del gas importado en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027, con el objetivo de evitar abusos del futuro operador. Ese tope se calculará a partir de un marcador internacional, más los costos logísticos asociados.

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El decreto también deja previsto un escenario alternativo. En caso de que la licitación no prospere o no se logre adjudicar el servicio a un privado, ENARSA deberá retomar la responsabilidad de garantizar el suministro, para asegurar el abastecimiento en los períodos de mayor consumo.

En el trasfondo de la decisión aparece el cuello de botella del sistema de transporte, que impide aprovechar plenamente el potencial productivo de Vaca Muerta. Mientras esa limitación persista, la política energética seguirá combinando producción local con importaciones, bajo un esquema transitorio que ahora se proyecta hasta fines de 2027.

Fuente: NA.