¿Una interna de pareja? y demoras operativas son investigadas en el incendio de Los Alerces

Testimonios de guardaparques y brigadistas sostienen la denuncia penal y describen decisiones que frenaron el ataque inicial al fuego, con consecuencias sobre el bosque nativo.

El expediente que se abre a partir de la denuncia no gira sobre el rayo ni sobre el punto exacto donde apareció la primera columna de humo. El eje pasa por cómo se tomaron decisiones internas cuando el fuego todavía admitía un ataque temprano y ordenado. En ese plano, la acusación apunta a conductas de funcionarios y a circuitos administrativos que, según se afirma, condicionaron la respuesta.

En el centro del planteo aparece una escena que, en términos institucionales, resulta difícil de disimular: áreas que debían trabajar en conjunto, pero no lo hicieron. La denuncia sostiene que existieron conflictos personales entre responsables de sectores clave del parque, con impacto directo en la coordinación operativa. En esa reconstrucción, el problema no queda en la falta de voluntad individual, sino en la ausencia de un mando efectivo que garantizara el trabajo cruzado.

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La referencia más delicada que surge de los testimonios recolectados describe una mala relación preexistente entre el jefe de la brigada de incendios y la jefa de guardaparques, quienes habrían sido pareja. El punto no se menciona como dato de color, sino como elemento que explicaría por qué determinadas áreas no se integraron cuando el tiempo apremiaba. En esa línea, el texto advierte sobre una colaboración bloqueada en pleno operativo.

Desde la Asociación de Pobladores Rurales aseguran que la consecuencia de esa interna se reflejó en decisiones concretas. El presidente de la entidad, Juan Zuoza, lo expresó con una afirmación específica sobre la primera respuesta: “Un cuerpo de guardaparques preparados para actuar no fue convocado para el ataque inicial”. La frase, por su contenido, coloca el foco en la cadena de mando y en el criterio utilizado para habilitar o frenar intervenciones.

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La denuncia también incorpora una segunda línea de sospecha, menos personal y más administrativa: recursos disponibles que no se convocaron a tiempo. Allí no se discute si existían herramientas, fondos o personal, sino la oportunidad en la que se los activó. En esa descripción, Zuoza apuntó contra el procedimiento inicial y sostuvo: “Fue un procedimiento carente de sentido, desastroso y sin ninguna lógica”.

En paralelo, el escrito plantea que durante las primeras etapas hubo falta de personal y medios de movilidad, aun cuando brigadistas capacitados intentaron intervenir. El señalamiento más sensible indica que ese personal no recibió autorización para actuar, un punto que la investigación deberá confrontar con registros internos y testimonios. En términos operativos, esa decisión pesa porque define minutos y horas que, en incendios forestales, suelen marcar diferencias irreversibles.

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El capítulo logístico suma otro elemento que apunta a decisiones administrativas con efectos inmediatos. Según se relata, una funcionaria emitió una orden general que, por un error de lenguaje o falta de previsión, incluyó a la embarcación privada que debía trasladar brigadistas por vía lacustre. Esa traba se extendió por más de una hora en un momento crítico, cuando el control del fuego requería rapidez y coordinación.

La denuncia describe un escenario donde los refuerzos masivos arribaron recién un mes después del inicio del incendio, cuando el despliegue ya enfrentaba un frente ampliado. En esa mirada, la demora no se presenta como una fatalidad, sino como resultado de decisiones tardías que dejaron al operativo corriendo desde atrás. Zuoza lo explicó con una lógica de recursos que llegan tarde: “Eso hizo que el fuego se expanda tanto que después todos los recursos siempre resultan insuficientes”.

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En cuanto al impacto, el texto no evita el dato más duro: miles de hectáreas de bosque nativo quedaron afectadas y parte de ese daño se considera irreversible. En una de sus declaraciones, Zuoza lo dijo de manera directa: “Vimos lamentablemente cómo eso se transformó, por negligencia, en miles de hectáreas quemadas de bosque nativo que son irrecuperables”. La acusación, así planteada, busca que la investigación determine si esa consecuencia se vincula con omisiones y demoras atribuibles.

El cuadro general incluye una aclaración que delimita el objeto del proceso: el incendio en Parque Nacional Los Alerces tuvo origen natural, producto de la caída de un rayo. Esa precisión no absuelve ni condena por sí sola, pero ordena la discusión hacia la actuación de los responsables de contener el fuego, no hacia su causa inicial. En ese marco, el avance de la investigación dependerá de los testimonios de guardaparques y brigadistas que, según se informó, se encuentran dispuestos a declarar, además de los registros administrativos que permitan reconstruir órdenes, demoras y autorizaciones.

Fuente: Radioinforme 3, Cadena 3 Argentina